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El Colegio de Trabajadores Sociales pide que el salario de los huelguista se dedique a servicios sociales



El Colegio Oficial de Las Palmas considera la reforma laboral como "parte de un proyecto para desmantelar el Estado de Bienestar".

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas remitió recientemente al Parlamento de Canarias una solicitud para que sus grupos políticos aprueben una iniciativa parlamentaria en la que se pida al Gobierno de Canarias que las retribuciones de los profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, y que libremente realicen huelga este 29 de marzo, sean reinvertidas en proyectos de intervención social.
En un comunicado remitido por la entidad, consideran que "la actual situación socioeconómica del archipiélago, con unos índices de paro y de pobreza que están entre los más altos del Estado, y un recorte considerable de los presupuestos públicos de las áreas sociales, requiere de una respuesta de las administraciones públicas con los más débiles". Así, proponen como "muy positivo" que el dinero que se quite de la nómina de los trabajadores de las áreas sociales que decidan secundar la huelga general del próximo 29 de marzo se destine a los servicios sociales, tal y como se ha propuesto en otras comunidades autónomas como Extremadura, donde el Colegio de Trabajadores Sociales de Badajoz remitió una iniciativa igual a la Asamblea de Extremadura.
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas acordó también cerrar las instalaciones del Colegio en apoyo a la Convocatoria de Huelga General contra la Reforma Laboral el próximo 29 de marzo. Desde el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales consideran que la reforma laboral aprobada por el gobierno español, sin diálogo social, supone "un duro ataque a los derechos laborales que se habían conquistado tras muchos años de lucha". "La reforma", puntualizan, "forma parte de un proyecto económico global que pretende desmantelar el Estado de Bienestar y privatizar los Servicios Sociales".

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Compartimos el resumen y la conclusión de la misma:
La crisis económica iniciada en 2008 ha puesto de manifiesto la fragilidad del Estado de Bienestar Español y sus dificultades de financiación pública debido en parte a la presión encaminada a desmantelar buena parte de los sistemas de protección social, entres ellos los servicios sociales. Además, el imperativo de consolidación fiscal ha forzado la introducción de cambios de urgencia en numerosas áreas de bienestar, entre ellos los servicios sociales, acompañados de ajustes y trasvases de gasto social.
Asimismo, aunque estos cambios han afectado a los distintos modelos de regímenes de bienestar (continental, liberal, socialdemócrata y mediterráneo) estudios señalan grandes diferencias en las reformas adoptadas en sus políticas sociales y sistemas fiscales (Del Pino y Rubio, 2013; Moreno, L. Del Pino, E. Marí-Klose, P y Moreno-Fuentes, F.J. , 2014; Ruiz-Huerta, Ayala y Loscos, 2015).
Por otro lado, no se ha tenido en cuenta suficienteme…