viernes, 23 de diciembre de 2011

Los colegios de Trabajadores Sociales de Canarias y REDESSCAN rechazan los presupuestos en Servicios Sociales para el 2012

NOTA DE PRENSA 

Bajo el lema `Derechos sociales y servicios sociales para todas las personas, ni un recorte´ la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, constituida por diferentes asociaciones, colectivos y plataformas, además de cientos de personas a título individual relacionadas con el tejido social y los servicios sociales y de personas afectadas por el recorte en los derechos sociales, denuncian públicamente la situación que viven numerosas personas en Canarias.

Esta RED que ha venido a gestarse tras varios años de lucha por la defensa de los derechos sociales y del reparto de la riqueza se crea para dar un paso más hacia la creación de un espacio común “que sirva de apoyo mutuo ante el flagrante retroceso de un sistema público de servicios sociales programado desde diferentes instancias políticas y mercantiles”.

Desde que comenzara su andadura hace apenas un año en Gran Canaria, fomentada y desarrollada desde diferentes personas relacionadas con el Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, la RED se crea “desde el compromiso por intentar abarcar todo el territorio de la Comunidad Canaria, potenciando las distintas acciones encaminadas a la defensa de dicho sistema público de Servicios Sociales”.

Tras haber realizado varias acciones públicas ayer día 22 de noviembre tanto en Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, la Red apoyada siempre desde los dos Colegios Oficiales de Trabajo Social en Canarias, quiere presentar públicamente cuáles son las cifras que se barajan de forma oficial y cuáles son las denuncias concretas que se realizan en base a los estudios previos realizados y en los que han participado numerosos profesionales y colegiados.

Denuncias con cifras

● El progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población canaria, especialmente de las personas que sufren la pobreza (una de cada tres personas), la exclusión social (la extrema es la más alta de todo el Estado español), la desigualdad, el desempleo (300.000 personas), la explotación...

La caída en los niveles de empleo supone, inevitablemente, un aumento de las necesidades sociales. Aunque con retrasos, existe evidencia de que la persistencia en el tiempo de tasas de desempleo elevadas incrementan los niveles de desigualdad y pobreza de la población.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de estadística, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social  a la que llega la población a nivel nacional aumenta del 24% al 25,5% durante los años 2004 al 2010, pudiendo llegar en el año que está terminando (2011 ) al 27%.

En Canarias, este dato aumenta hasta el 35,5% en el año 2010, 10 puntos por encima de la media nacional. Es decir, 3 de cada 10 personas en Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social, aproximadamente 752.074 personas. Según la Encuesta de Población Activa para el tercer trimestre del 2011, la tasa de paro a nivel nacional es del 21,52%. En Canarias, alcanza casi el 30%.
  
● “La brutal” reducción presupuestaria dedicada a los servicios sociales, por parte del Gobierno de España y de Canarias, alcanzando a las atenciones básicas y los colectivos más afectados por la injusticia: infancia, mayores, personas en situación de exclusión social, con problemas de drogas etc.

Canarias es la segunda comunidad autónoma del Estado en la que menos se invierte en servicios sociales, de modo que el gobierno invierte 126 euros por habitante y año.

Para los Servicios Sociales se puede afirmar que en Política Social el Gobierno Canario aplica un importante recorte del 14% para 2012, por lo que se deja de invertir en servicios sociales, alcanzando los 43 millones, “lo que debemos sumar a los recortes aplicados el pasado año, sumando más de un 30% pasando de 310 millones en el año 2011 a 267 en esta previsión presupuestaria”. Por lo tanto, afirman desde el colectivo, “no son presupuestos de marcado carácter social, ni la acción social es un servicio irrenunciable, como expresan las declaraciones de responsables públicos autonómicos”.

Dentro del ámbito de las Políticas Sociales, se invierten 4 millones menos en la Dirección General de Protección al Menor y la Familia. Se invierten 76 millones menos en la Dirección General de Políticas Sociales.

Además, descienden las partidas referidas a los programas del Plan Concertado, que está dentro del Programa de Coordinación y Planificación de acción social “con un  aumento ridículo del 0,02% aproximadamente, unos 4.000 euros, cuando hablamos de que bajan partidas como el Programa de Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales con nada más y nada menos que alrededor del 5%, que se traducen en aproximadamente 600.000 euros”. En Prestaciones y otras ayudas sociales en un 34% menos (2.800.000 euros menos); Prevención e Intervención en el área de Menores y Familia en un 7% menos (2.500.000 euros menos); Fomento de la inclusión (donde está incluida la partida de la Prestación Canaria de Inserción) en un 3% menos (670.000 euros menos);En ejecución de medidas judiciales a menores en un 3% menos (850.000 euros menos); Promoción y fomento de la calidad de vida a jóvenes en un 39% menos (1.180.000 euros menos); Promoción en la igualdad de oportunidades para mujeres en un 7% menos (550.000 euros menos) y se invierten 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda.

En el estudio del gasto por funciones, advierten desde Redesscan que en Servicios Sociales y Promoción Social se invierten 667.218 euros menos. En Promoción Social 2 millones menos. En gestión de Servicios Sociales 203.316 euros menos de inversión.

● La vulneración de los derechos sociales, como consecuencia de los recortes y de la escasa atención a las Políticas Sociales, dejando sin cobertura de necesidades a personas: sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la Prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasan la tramitación de las prestaciones no contributivas, en situación de diversidad funcional que no son atendidas correctamente por un Sistema de Promoción de la Autonomía y Ayuda a la Dependencia que está a la cola a nivel nacional, etc.… Como ejemplo, los Ayuntamientos están desbordados ante la situación de la Prestación Canaria de Inserción.

El presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción se agotó en agosto y la Consejería de Bienestar Social “sólo ha habilitado partidas destinadas a sufragar el pago de las ayudas concedidas hasta ese momento, dejando a cientos de solicitantes en espera varios meses hasta enero, en que estará disponible el nuevo presupuesto”, insisten.

Según el colectivo profesional de Trabajadores Sociales sólo se cubre un 1% de la demanda, “existiendo un aumento de ésta en canarias en el contexto de crisis socioeconómica actual”.

Muchos Ayuntamientos no han logrado mantener al personal dedicado a la PCI de manera continuada, encontrando casos muy graves en los que no se tramita la prestación. Se acumulan expedientes iniciados sin completar, sin seguimientos, sin renovaciones, y no se reciben nuevas solicitudes. Esto último está en relación con que no se inician dichos expedientes porque no se le informa correctamente a la persona que lo solicita.

Además desde el análisis realizado, se detecta que hay una falta de recursos informáticos. En la mayoría de los casos, no existe dotación de equipos informáticos suficiente.

En muchas ocasiones y debido a los argumentos expuestos, los Ayuntamientos no logran cumplir con su plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, para remitir a la Dirección General los expedientes completos.

“No se están aceptando los supuestos excepcionales que contempla la Ley, para aquellos casos especiales de extrema necesidad en los que no se cumple con todos los requisitos establecidos”, argumentan.

● Desaparición progresiva de servicios sociales básicos, ayudas y prestaciones dedicadas a toda la población, especialmente a las víctimas del injusto reparto de la riqueza: ayuda a domicilio, prestaciones de ayuda económica, atención a la infancia, mujeres en situación de desigualdad, personas con diversidad funcional,…, consiguiendo el desmantelamiento y privatización del sistema público de servicios sociales, pese al aumento de la demanda en un alto porcentaje.

Exigencias al Ejecutivo

Ante esta situación, la Red afirma que “nos presentamos para cumplir con una obligación moral y ética ante tal vulnerabilidad de los derechos sociales y por tanto exigimos, el pago inmediato de todas las prestaciones y ayudas de servicios sociales concedidas y no abonadas; el freno a la destrucción y cierre de los servicios sociales en las islas, rescatando al sistema público de servicios sociales del abandono y su siempre insuficiente financiación; la dotación suficiente, estable y necesaria de los servicios sociales, incrementando el presupuesto para su desarrollo, en las diferentes administraciones públicas, estatal, autonómica y local. Entendemos que existe un inadecuada gestión del dinero público que se invierte en áreas que no son prioritarias en estos momentos y que dejan en precario el sistema de servicios sociales público; se garantice por parte de la responsabilidad pública la redistribución de la riqueza, unas rentas económicas incondicionales y básicas, el acceso a los derechos sociales, la justicia y la igualdad, para toda la población, con prioridad para aquellos colectivos más afectados”.

Redesscan además alerta que esta alarmante y gravísima situación, requiere “no sólo la eliminación de la disminución de las partidas dedicadas a Servicios Sociales, sino su aumento, hasta que la financiación sea suficiente, estable y segura para dar cobertura a las necesidades básicas de toda la población y garantice el acceso a los derechos para todas las personas”.OS DERECHOS SOCIALES, dejando sin cobertura de necesidades: a personas sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasanla tramitación de las prestaciones no contributivas, a las personas en situación de diversidad funcional a la cola en atención de España...

Presentación de informe Oficial por parte de los dos Colegios canarios

Por otro lado, las Juntas de Gobierno de los dos Colegios Oficiales de Trabajo Social existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha transmitido sus inquietudes y aportaciones desde su experiencia profesional en materia de la Ley de Servicios Sociales, la aplicación y desarrollo de la Prestación Canaria de Inserción y el acceso al Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Con respecto a la Ley de Servicios Sociales, “solicitamos que  vuelva a retomarse el trabajo iniciado dentro del marco del Consejo General de Servicios Sociales, en el que se creó una comisión de trabajo en torno a esta temática, acordándose el 6 de Julio de 2010, la creación de un grupo de trabajo que dinamizara esta iniciativa, marco en el cual se presentó el 28 Julio de 2010 un informe propuesta relativa a la iniciativa de regular una nueva Ley de Servicios Sociales elaborado por los  Colegios Profesionales que suscriben”.

De ahí que en la última reunión mantenida, el 11 de Octubre de este año, con la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, se determinó enviar dos informes específicos donde se recogen deficiencias y propuestas en torno a los dos últimos asuntos y en general sobre la grave situación que atraviesan los Servicios Sociales.

En dichos informes entregados formalmente con fecha 22 de noviembre, donde se destaca toda la información detectada a través del trabajo realizado, no solo se  recogen las deficiencias y propuestas ofrecidas por el colectivo, sino que éstos se comprometen además a dirigir sus esfuerzos en:

De un lado diseñar estrategias para reforzar la calidad de la intervención profesional, en relación a situaciones de Exclusión Social, promoviendo o colaborando para realizar acciones formativas sobre modelos de intervención; crear y mantener mesas territoriales para consensuar definición de conceptos y buenas prácticas; incentivar publicaciones en esta línea; crear grupos de trabajo específicos y  asesorar al colectivo profesional sobre cuestiones éticas.

Por otro lado, establecer relaciones de colaboración con la Consejería y/o Dirección General responsables de la aplicación y desarrollo de estas prestaciónes, para trasmitir el sentir del colectivo profesional, compartir perspectivas, y colaborar en la búsqueda de mejoras a corto plazo; obtener información que permita aclarar, contestar o superar los interrogantes expuestos; solicitar que se celebren encuentros, regulares y frecuentes, entre la Dirección General y los Ayuntamientos para resolver dudas y unificar criterios y solicitar que se articulen mecanismos que garanticen una información fluida, completa y adecuada, entre la Dirección General y los Ayuntamientos.

OS DERECHOS SOCIALES, dejando sin cobertura de necesidades: a personas sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasanla tramitación de las prestaciones no contributivas, a las personas en situación de diversidad funcional a la cola en atención de España...
DESAPARICIÓN PROGRESIVA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS, ayudas y prestaciones dedicadas a toda la población, especialmente a las víctimas del injusto reparto de la riqueza: ayuda a domicilio, prestaciones de ayuda económica, atención a la infancia, mujeres en situación de desigualdad, personas con diversidad funcional... consiguiendo el desmantelamiento y privatización del sistema público de servicios sociales, pese al aumento de la demanda en un alto porcentaje.
LA BRUTAL REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DEDICADA A LOS SERVICIOS SOCIALES, por parte del Gobierno de España (12% menos para los servicios sociales básicos y el 5% para la ley de promoción de autonomía) y de Canarias (55 millones de Euros), afectando a las atenciones básicas y a los colectivos más afectados por la injusticia: Infancia, mayores, personas en situación de exclusión social, con problemas de drogas...

Ante esta situación tenemos derechos y por tanto EXIGIMOS:

El PAGO INMEDIATO de todas las prestaciones y ayudas de servicios sociales concedidas y no abonadas.
SE FRENE LA DESTRUCCIÓN Y CIERRE DE LOS SERVICIOS SOCIALES en las islas. Rescatando al sistema público de servicios sociales del abandono y su siempre insuficiente financiación.
LA DOTACIÓN SUFICENTE, ESTABLE Y NECESARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES incrementando el presupuesto para su desarrollo, en las diferentes administraciones públicas. Porque sí hay dinero pero se invierte en otras cosas que no son prioritarias para el ser humano.

SE GARANTICE POR PARTE DE LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA la redistribución de la riqueza, unas rentas económicas incondicionales y básicas, el acceso a los derechos sociales, la justicia y la igualdad, para toda la población, con prioridad para aquellos colectivos más afectados.

ACCIÓN CONTRA LOS RECORTES SOCIALES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Parlamento de Canarias aprobó en sesión plenaria, hoy día 22 de diciembre, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2012.
En los mismos se vuelven a contemplar más recortes explícitos o de tipo subterráneo mediante artificios contables que acaban dañando la dignidad y calidad de servicios públicos esenciales que, en momentos como el actual de brutales ajustes neoliberales, por el contrario, debieran ser potenciados presupuestariamente por ser más necesarios aún para la protección de los cada vez más desfavorecidos.
Una vez más las calles de la ciudad de Las Palmas fueron tomadas como escenario de lucha. Con energía y teatro las gentes de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y RedESSCAN (Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales) expresaron su total repulsa a estos presupuestos. Esta acción no fue la única, sino que estuvo en coordinación con otros colectivos y gentes del resto del Estado que salieron a las plazas de sus pueblos y barrios para defender los derechos sociales de todas.
Estas movilizaciones son una más de las huellas que las vecinas y vecinos de la isla venimos trabajando para seguir en el camino de la necesidad de una movilización conjunta ante los ataques del Gobierno de Canarias y sus lógicas de desmantelación los derechos conquistados durante décadas.

El rechazo a los recortes sociales saca a unas cuatrocientas personas a la calle

Convocados por una treintena de organizaciones y colectivos sociales, los manifestantes marcharon hacia la santacrucera plaza de La Candelaria, después de que ayer la Cámara aprobara unos presupuestos que, a su juicio, consagran el desmantelamiento de lo público. Advierten de que habrá más movilizaciones.
La defensa de los servicios públicos y el rechazo a los recortes presupuestarios reunió ayer en las calles de Santa Cruz a aproximadamente cuatrocientas personas. Acudiendo al llamamiento de casi una treintena de organizaciones y colectivos sindicales, políticos y sociales, los manifestantes recorrieron la distancia que separa la capitalina plaza Weyler de la plaza de La Candelaria para expresar a la Cámara -que precisamente ayer dio su visto bueno a los presupuestos de la Comunidad autónoma para el próximo año- su frontal oposición a unas cuentas que, a su juicio, consagran el "desmantelamiento" de lo público en las Islas.
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Registran en el Parlamento un manifiesto en contra de los recortes sociales

Santa Cruz de Tenerife, 21 dic (EFE).- Representantes de 28 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Canarias han registrado hoy en el Parlamento autonómico un manifiesto "en contra de los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos, ya que consideran que el Gobierno ha utilizado "artificios contables" para decir que los presupuestos de 2012 son sociales.
El representante de los colectivos, Arturo Borges, ha anunciado además la manifestación que han convocado para mañana por las calles de Santa Cruz de Tenerife y ha criticado que el Gobierno haya acudido a "manipulaciones informativas y triquiñuelas" para argumentar que no hay recortes en el gasto social.
"Nos toman por idiotas" y es "escandaloso" que tras "un recorte de 420 millones" de euros en los últimos años se diga que se suman 66 millones en Sanidad, cuando esos 66 millones van al pago de la deuda farmacéutica, ha señalado Borges.
Además, ha añadido, se "recortarán otros 52 millones de euros", que también irán destinados al pago de la deuda, lo que supondrá "el cese de los contratos de 3.500 trabajadores".
Arturo Borges ha indicado que las consecuencias "son evidentes" en la Sanidad, ya que por ejemplo el cierre de los quirófanos en los turnos de tarde ha provocado que 7.500 personas se queden sin intervenir.
El portavoz de los colectivos ha lamentado que los presupuestos en los servicios sociales se recortan un 14 por ciento y se ha pasado de dedicar 146 euros por habitante y año a 126.
"Se invierten 4 millones menos en la Dirección General de Protección al Menor, 76 millones menos en la de Políticas Sociales, un millón menos para el Instituto Canario de Igualdad y 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda. Es decir, no son presupuestos de marcado carácter social, como expresan los responsables públicos", ha criticado Borges.
Ha añadido que en Educación, los presupuestos de 2012 contemplan un "irrisorio" aumento de siete millones de euros, frente a los casi 200 millones "hurtados" a la enseñanza púbica en los años 2010 y 2011, mientras que los conciertos educativos con la enseñanza privada "siguen quedando intactos". EFE

jueves, 22 de diciembre de 2011

Al Parlamento...


El Foro Social Canario por la Salud convoca una manifestación contra los recortes en sanidad

    Presentación del manifiesto del Foro Social Canario por la Salud.
Presentación del manifiesto del Foro Social Canario por la Salud.acfi press
El Foro Social Canario por la Salud presentó este lunes un manifiesto en el que explican las razones de la manifestación convocada, el próximo 22 de diciembre, contra los recortes en Sanidad.
MANIFIESTO FORO SOCIAL CANARIO POR LA SALUD
El Parlamento de Canarias celebrará sesión plenaria, los próximos días 21 y 22 de diciembre, sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2012. En los mismos se vuelven a contemplar más recortes explícitos o de tipo subterráneo mediante artificios contables que acaban dañando la dignidad y calidad de servicios públicos esenciales que, en momentos como el actual de brutales ajustes neoliberales, por el contrario, debieran ser potenciados presupuestariamente por ser más necesarios aún para la protección de los cada vez más desfavorecidos.
En la sanidad pública canaria seguiremos sufriendo durante mucho tiempo las consecuencias del recorte de 90 millones en 2010 y el brutal de más de 320 millones de euros ( un 12%) del año 2011, con diferencia el mayor de todo el Estado español, mientras se destinaba a los conciertos con la sanidad privada un 8,2 por ciento del presupuesto (más de 209 millones de euros públicos que se transfirieron al sector privado). Ahora para el 2012 el pretendido incremento "social" del 2,7% se queda en 66 millones de euros ya gastados en la deuda farmacéutica del 2011 y sin embargo se recorta, para pagar también la deuda, en el capítulo de personal la cantidad de 52 millones de euros que van a suponer que la Consejería de Sanidad deje de renovarle el contrato a unos 1500 trabajadores. Y de nuevo, se vuelven a desviar a la sanidad lucrativa privada más de 206 millones de euros.
En los hospitales públicos, con el cierre de quirófanos de tarde se puede calcular que en toda Canarias el número de pacientes de las listas de espera quirúrgica que no va a ser intervenido se elevará a unos 7.500 contando hasta fin de año. A su vez en la actividad quirúrgica de mañana se está viendo afectada la Cirugía Mayor Ambulatoria y se ralentiza la preparación de pacientes. Se están suspendiendo consultas de tarde de las especialidades hospitalarias, afectando a un promedio de 170 enfermos por día y hospital lo que llevará la espera para las mismas del 2013 al 2014 e incluso al 2015. También se está tratando de reducir un 50% las consultas de mañana. Con la reducción de personal prevista todo esto va a empeorar y se traducirá sin ningún género de dudas en peor salud y aumento de la mortalidad poblacional.
Además, los Presupuestos del 2012 relegan de nuevo a los hospitales comarcales públicos del Norte y el Sur, garantizando con ello que continuará la derivación de los pacientes a los centros privados. Frente a todos estos despropósitos reclamamos la construcción urgente de auténticos hospitales comarcales de alta resolución, con dotación de camas quirúrgicas, Cirugía Mayor Ambulatoria y servicios de urgencias hospitalarias, medicina interna, hemodiálisis y oncología como mínimo.
En lo que se refiere a los servicios sociales los presupuestos se recortan en un 14%, pasando de dedicar 146 euros por habitante y año a 126 euros por habitante y año, siendo una de las comunidades autónomas que menos dedica a esta partida, la segunda a la cola del resto del Estado español. Se pierden 43 millones de inversión, pasando de 310 millones en el año 2011 a 267 en esta previsión presupuestaria.
Además, se invierten 4 millones menos en la Dirección General de protección al Menor y la familia. Se invierten 76 millones menos en la Dirección General de Políticas sociales. Se invierte 1 millón menos para el Instituto canario de Igualdad. Se invierten 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda. Es decir, no son presupuestos de marcado carácter social, ni la acción social es un servicio irrenunciable, como expresan las declaraciones de responsables públicos autonómicos.
Por otro lado, la atención sociosanitaria es fundamental para poder garantizar una atención integral de las personas dependientes, y para ello se precisa el seguimiento y desarrollo de la llamada Ley de Dependencia entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Es de sobra conocida la muy deficiente aplicación por parte del Gobierno de Canarias de dicha ley, con la consiguiente situación de máxima precariedad para las personas con discapacidad. A esto se añade la gran incertidumbre creada por el acceso del PP al gobierno del Estado y su posición de cuestionamiento de la viabilidad de la misma.
En cuanto a los presupuestos destinados al área de educación, con respecto al año 2011 ha aumentado la irrisoria cantidad de 7 millones de euros, frente a los casi 200 millones hurtados a la enseñanza pública en los años 2010 y 2011, mientras los conciertos educativos con la enseñanza privada siguen quedando intactos, aumentándole de un 8,5% del Presupuesto de Educación en 2010 a un 9,2% en 2012. Con más alumnado (aumento de 8.000 en los dos últimos años), tenemos menos profesorado (1200 se rebajaron del 2009 al 2011) y menos presupuesto. Y para el 2012, según el Proyecto de Presupuestos, tendremos una nueva rebaja en el número de docentes.
No se incluye ninguna partida destinada al Ciclo 0-3 años. Canarias tiene una bajísima oferta pública de plazas para este Ciclo (6,7% frente al 25% de Castilla La Mancha o el 32% del País Vasco). El Programa de Formación Profesional Específico, a pesar de las declaraciones públicas sobre el "buen momento" para su impulso, sufre una rebaja de más de 200.000 euros (4%) en relación al 2011. También se recorta en actividades extraescolares, formación del profesorado, aprendizaje idiomático y formación de las familias.
En relación al Servicio de comedor, la rebaja contemplada de 470.000 euros (5,7%) hace peligrar el mantenimiento del número de plazas de comensales, a pesar de aumentar la demanda, en momentos en los que se da un notable incremento de la malnutrición infantil.
No se recupera el salvaje recorte realizado a la partida de sustituciones del profesorado en el año 2010. No encontramos partidas suficientes en estos Presupuestos para implementar un plan de choque para combatir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, los problemas más graves de nuestro sistema educativo. Esta política presupuestaria continuista en el área de Educación, supone seguir ahondando en la más que preocupante situación de la educación canaria si definitivamente, no existe el compromiso de colocar a la Educación Pública como una verdadera prioridad del Gobierno, tal como ha reclamado reiteradamente el conjunto de la Comunidad Educativa y la sociedad canaria en general.
Finalmente, queremos afirmar que hay alternativas a los recortes, negamos que los servicios públicos no sean sostenibles. La financiación, que tiene que ser finalista, se ha de generar necesariamente desde las diversas fuentes del sistema fiscal, de la lucha contra el fraude, de una política fiscal de impuestos directos progresivos sobre las rentas superiores y particularmente sobre las rentas de la Banca, y de políticas activas de gasto social que nos sitúen al menos en la media europea y que en Canarias se deben impulsar además con la inversión del acumulado de la Reserva de Inversiones de Canarias. Por lo tanto también rechazamos la implantación de cualquier tipo de copago.
Por todo lo dicho pedimos a los sectores y colectivos afectados, que en realidad son todas las capas populares, ya sea como trabajadores, usuarios o familiares, que difundamos y discutamos este Manifiesto en todos los centros públicos y también en los alrededores del Parlamento de Canarias el próximo día 21 de diciembre a las 12 horas, cuando se estará desarrollando la sesión plenaria de discusión de los Presupuestos.
También pedimos que nos unamos todas y todos a la MANIFESTACIÓN que partirá el día 22 de diciembre a las 18 horas desde la plaza Weyler, día en el que estará reunido el Parlamento tratando los mencionados Presupuestos.
Estos habrán de ser los primeros pasos de una movilización conjunta permanente que estamos obligados a desarrollar, ante la avalancha que se nos avecina de muchas más medidas de desmantelamiento de las conquistas sociales y servicios públicos que van a ser privatizados si no lo impide el pueblo con su organización y movilización en la calle.
Canarias a 14 de diciembre de 2011
COLECTIVOS y ORGANIZACIONES FIRMANTES:
FORO SOCIAL CANARIO POR LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA
FORO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
UNIÓN SINDICAL OBRERA DE CANARIAS
COLECTIVO HARIMAGUADA
INTERSINDICAL CANARIA
ALTERNATIVA SÍ SE PUEDE
IZQUIERDA UNIDA CANARIA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES. DE VECINOS" EL REAL DE LAS PALMAS"
ASOCIACIÓN TINERFEÑA EN LUCHA SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE CANARIAS
COLECTIVO DE ENFERMAS/OS DE FIBROMIALGIA
PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
PLATAFORMA ACCIÓN FEMINISTA CANARIA
REDESSCAN: RED CANARIA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
ASAMBLEA CANARIA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA
ASAMBLEA CANARIA POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA
ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA- MOC DE GRAN CANARIA
COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL DE LAS PALMAS
PLATAFORMA DE MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN REDUCIDA DE CANARIAS
COORDINADORA POR UNA SANIDAD PÚBLICA, DIGNA Y DE CALIDAD DE GRAN CANARIA
COLECTIVO ECOLOGISTA ATAMARAZAYT (LAS PALMAS DE G. C.).
FAMILIARES DE FUSILADOS DE SAN LORENZO (LAS PALMAS DE G. C.)
SINDICATO DE COMISIONES DE BASE co.bas CANARIAS
ESPACIO SOCIAL LA CASA Y RADIO PIMIENTA
FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS
ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA-MOC DE TENERIFE
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Mas recortes en Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Telde ha comunicado el despido a 21 trabajadores de varias concejalías, al finalizar los contratos dependientes de varios convenios con el Cabildo, según informó ayer la alcaldesa, María del Carmen Castellano, quien precisó que el consistorio se ha visto obligado de prescindir de este personal por falta de los fondos procedentes de otras instituciones. 

Por su parte, Comisiones Obreras denunció ayer que el área de Recursos Humanos no quiso facilitar ayer información a la sección sindical ni al comité de empresa, y que los despidos afectarán principalmente al área social. 

Cuatro de ellos pertenecen a la concejalía de Igualdad, siete al Centro Ocupación Codat, ocho al Plan Concertado y dos al proyecto de Rehabilitación de la Concejalía de Servicios Sociales, entre otros previstos.

En total, según la misma fuente, serán 21 personas a pesar de que "el Gobierno de Canarias ha presupuestado para el ejercicio 2012 fondos para la contratación de los monitores de empleo, para la prestación de servicios a personas con Discapacidad (Codat) y para dar continuidad a los contratos del personal afectado". 

Además considera que la tramitación de los despidos "no cumple los requisitos legales porque se han notificado a través de cartas que no se han remitido con 15 días de antelación, ni se han comunicado al comité de empresa". Tampoco establece, según el sindicato, las razones para ello, sin concretar "si el despido se produce a causa de que el servicio se va a extinguir o si, por el contrario, el trabajador va a ser sustituido por otra persona, pues la indemnización que corresponde al afectado en cada uno de los casos no es la misma".

Por otra parte, también considera que esta política muni-cipal supondrá "la reducción de la prestación de los servicios sociales básicos, que no sólo van a afectar a los empleados despedidos, sino también a los beneficiarios de estas prestaciones".

La misma sección sindical asegura que el próximo 31 de diciembre se procederá al despido de otros 29 trabajadores, "que desde hace décadas vienen desarrollando su actividad en la Recaudación Municipal, a través de diferentes empresas privadas y públicas". 

Colectivos sociales se echan a la calle contra los recortes

La indignación ante la "vorágine de desmantelamiento de lo público" ha unido a cerca de una treintena de organizaciones sociales, políticas y sindicales que mañana, coincidiendo con la aprobación en el Parlamento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, se manifestarán en las calles de Santa Cruz de Tenerife.
Estos colectivos han elaborado un manifiesto contra los recortes en materia social, que, a su juicio, están contemplados en los presupuestos de las áreas de Sanidad, Educación y Bienestar Social pese a que el Gobierno regional ha defendido que experimentarán un ligero aumento respecto al ejercicio actual. El texto será entregado hoy en el registro del Parlamento de Canarias.
Los promotores de la iniciativa opinan que "hay alternativas" a la reducción de los presupuestos y las prestaciones sociales, que pasan por el control del fraude fiscal -que puede suponer la recaudación de 44.000 millones de euros- y la recuperación de algunos impuestos dirigidos a las grandes fortunas.
Deuda a proveedores
Representantes de los colectivos detallaron el estado en que quedarán algunas políticas sociales. Cati Darias, del sector de salud de Intersindical Canaria, cifró en 450 millones la desinversión sanitaria en las Islas durante los últimos tres años y alertó de un nuevo recorte de 52 millones. Al mismo tiempo, argumentó que si el presupuesto sube un 2,7% es por la obligación de saldar la deuda con los proveedores.
En los servicios sociales, José Miguel Martín alertó de que, de gastarse 146 euros por habitante y año, pasarán a destinarse 126. La prestación canaria de inserción no se cobra, afirmó, desde el pasado mes de mayo "en el mejor de los casos", mientras que la Dirección General de Políticas Sociales sufre una merma de 76 millones de euros en sus presupuestos.
En cuanto a la educación, Mary Bolaños, de STEC-IC, denunció que el aumento del alumnado ha ido acompañado de una disminución de fondos y de un recorte de las plantillas de profesorado. Además, sostuvo que, pese a que el problema parecía solucionado a principio de curso, este mes han empezado a dejar de cubrirse las sustituciones docentes.

martes, 20 de diciembre de 2011

Canarias mantiene a 14.000 dependientes en el 'limbo'

Fuente: CanariasAhora
Canarias, con un 58%, destaca por ser la comunidad autónoma con el porcentaje más alto de personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. Eso significa que 58 de cada 100 dependientes que tienen derecho a las prestaciones y que les han sido reconocidas todavía están a la espera de recibirlas.

Además de Canarias, en este limbo es notable la presencia de Galicia (45%) y la Comunidad Valenciana (42%). En el lado opuesto se sitúa Castilla y León, donde hay un 7% de dependientes a la espera de recibir las ayudas.
Un punto polémico en el ámbito nacional es el de las prestaciones económicas para cuidados no formales en el entorno familiar, que alcanzan casi la mitad del total de prestaciones concedidas, es decir, un 45%. Esta situación tiene como consecuencia "el freno de la actividad empresarial del sector de los cuidados a personas y un impacto negativo en las mujeres, pues en la mayoría de los casos son ellas las que se ocupan de cuidar a los dependientes", según indica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Exigir el cumplimiento
Con todo, esta entidad indica que para evitar que se paralice el desarrollo de la Ley de Dependencia, hay que "eliminar" el limbo de la dependencia y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la norma; modificar el modelo de financiación, de tal forma que se determine en función del coste efectivo de los servicios y prestaciones que se proporcionen e incentivar los recursos profesionales de la ley.

La Ley de Dependencia es "una magnífica ley mal gestionada". Esa una de las premisas que ha mantenido desde hace años la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales del Estado, dedicada a analizar y defender la correcta aplicación de la norma, y que en su último informe dado a conocer este viernes sitúa a Canarias, de nuevo, entre las regiones españolas que "han perdido el tren de la ley y ahora en momentos duros será todo más complicado".
Los datos oficiales del Sistema estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del Imserso, arrojan que desde mayo de 2011, a pesar de ascender ligeramente el número de dependientes atendidos en las Islas, de 9.827 a 10.505 personas, los ciudadanos que tendrían derecho subjetivo a recibir las diferentes prestaciones de la Ley se mantienen, casi inalterables, por encima de los 14.000 casos pendientes.
Son los denominados dependientes "en el limbo", sin que se haya solucionado su caso y recibido la prestación necesaria. Si en mayo pasado eran 14.411 personas, según los datos de la asociación, ahora en noviembre siguen prácticamente en la misma cifra, 14.452, ante el aumento de la demanda y a pesar de ser atendidos más 700 dependientes nuevos desde mayo.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha estimado el coste del sistema en los últimos seis meses a partir de los precios medios de los servicios y las prestaciones porque, explican en una nota, "no hay otra forma de hacerlo si las comunidades no ofrecen las cifras reales".
En el caso de Canarias, la estimación de los costes totales en noviembre fue de 8.711.594,53 euros, 32.546,14 euros más con respecto a octubre, con uan media por dependiente de 829,28 euros, ligeramente superior a la media de toda España, que se situó, según estos datos de la ADGSS, en 748, 01 euros.
A juicio de los expertos del sector de los servicios sociales agrupados en esta asociación de Directoras y Gerentes, "la ralentización de la ley es un hecho, pero la situación por comunidades es muy desigual. Si tenemos en cuenta el coste mensual por persona atendida, se observa que hay comunidades en las que ese coste es menor que la media nacional y, sin embargo, atienden a los dependientes en condiciones óptimas, como en Castilla y León".
La ADGSS aclara que "un coste más bajo no es síntoma de peor atención, sino de un catálogo de prestaciones equilibrado entre las ayudas económicas y los servicios. Lo que no es de recibo, por ejemplo, es que cinco años después, comunidades como Aragón, Baleares, Canarias, Valencia o Murcia no hayan registrado bajo la ley de dependencia, reconocido como derecho subjetivo, ningún atendido con ayuda a domicilio, por ejemplo, que no es caro y es muy adecuado en algunas situaciones”.
Castilla y León tiene la mejor ratio coste eficiencia, menor lista de espera, mayor cobertura y alta variedad de servicios y prestaciones, y sin embargo, no le sale tan caro, explican desde la ADGSS, donde se lamenta que "algunas comunidades han perdido el tren y ahora se acercan momentos económicos duros y lo tendrán complicado, mientras que otras, las que se apoyaron en las entidades locales para organizar su sistema, presentan las mejores cifras nos referimos a Castilla y León y al País Vasco".
Las ayudas de la dependencia costaron en 2010 casi 6.000 millones de euros y los cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales indican que en 2011 tendrán un incremento de 900 millones de euros, cuando deberían haber sido 2.000 millones. "Esta ley no parece cara, pero muy pocos empiezan a considerarla como un motor para el empleo, a distinguir con claridad gasto de inversión", aseguran.
La asociación de gerentes dice que "l sistema sanitario es buenísimo para agudos, pero no para crónicos, para lo que no está preparado y sale carísimo. Si se les atendiera en el sistema de servicios sociales estarían mejor y saldría más barato".

viernes, 2 de diciembre de 2011



Para ver el programa completo puedes consultar en:  http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=noticia&ver=agora_30112011

CONCENTRACIÓN DE APOYO A LAS ESCUELAS INFANTILES

Unas 800 personas se manifiestan en LPGC contra la retirada de ayudas a los centros educativos en la comarca del Sureste.
Heriberto y Monserrat han desembarcado en torno a las 18.00 de este jueves en la plaza de Rafael O'Shanagan, frente a la sede del Gobierno regional, en Las Palmas de Gran Canaria, con sus dos niños y su carrito. Son dos de los cerca de 800 padres y educadores que han llegado en ocho guaguas a la capital desde la Vega de San Mateo, Santa Lucía, Ingenio o Agüimes para exigir al Ejecutivo el mantenimiento de las ayudas para las escuelas infantiles. "La van a cerrar", comenta Heriberto, de 38 años, cuyo pequeño, de dos años y medio, aún acude a la guardería Sarantontón.
Los Ayuntamientos grancanarios llevan semanas peleando para que el Gobierno no retire la partida presupuestaria destinada a estos centros, financiados a partes iguales por la administración regional y local y por los padres. Este año, las escuelas dejarán de percibir el 33% que corresponde al Ejecutivo autonómico, lo que, en muchos casos, obligará al cierre de los centros.
"Ya pagamos casi 200 euros", se queja Monserrat, de 36 años. Si se pierde la subvención autonómica, la cuota para los padres se incrementará considerablemente. Pero ese no es el principal problema, aunque ella se ha quedado en el paro, ambos son padres trabajadores y con problemas para hacerse cargo de los niños.
El Parlamento rechazó el pasado lunes las enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2012 con los votos de los partidos que sustentan el Gobierno (CC y PSOE). El documento prevé eliminar la dotación a los Ayuntamientos para gestionar competencias que corresponden, según la Fecam, a la administración autonómica, como la rehabilitación de viviendas, la ayuda social o las escuelas infantiles. Los municipios piden, además, el dinero correspondiente a 2011, una cantidad que han cifrado en 7,3 millones de euros.
"A nosotros no nos ha llegado", denuncia Ángeles, educadora de uno de la escuela de Sardina, uno de los cuatro centros de Santa Lucía que cerrarán el 31 de diciembre si no reciben la subvención. "Si no llega el dinero la perspectiva es esa", insiste. Solo en el municipio 422 niños podrían quedarse en la calle y decenas de trabajadores pasarían "a engrosar las listas del paro".
La consejera de Empleo del Gobierno canario, Margarita Ramos, ha anunciado esta misma tarde que se tomarán medidas “positivas” para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Según un comunicado del departamento, citado por la agencia ACN, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Fecam para suscribir un convenio específico para mantener el empleo en las Escuelas Infantiles Públicas.
Sin embargo, nada parece haberse logrado para calmar la "inquietud" de los padres como Heriberto y Monserrat. El mayor de sus hijos ya va al colegio, y al pequeño, de dos años y medio, le queda apenas un curso para empezar. "Yo no peleo por él", dice Heriberto señalando el carrito donde descansa, "peleo por el que está por llegar".

viernes, 25 de noviembre de 2011

El 'limbo' de la Prestación Canaria de Inserción

AYUDA BÁSICA PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
. - IVÁN SUÁREZ
La valoración de las solicitudes puede demorarse hasta siete meses.- Los perceptores no cobran desde hace seis. - Redesscan denuncia que solo llega al 1% de quienes tienen derecho a percibirla.
Milton tiene 32 años, es peruano y reside en Las Palmas de Gran Canaria. El 17 de enero de 2011 cursó una instancia a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno regional para poder acceder a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda que otorga el Ejecutivo a las personas en riesgo de exclusión social para atender sus necesidades básicas. Actualmente está desempleado, al igual que su mujer, con quien tiene un hijo de siete meses. Sus cuñados lo han acogido en su hogar y se mantiene gracias a “la ayuda de los familiares y al cheque de 100 euros mensuales de Cáritas”. La administración regional aún tramita su solicitud.
Fidelina, de 35 años, también se encuentra en este limbo, a la espera de que la Consejería resuelva su caso. Vive sola e intenta ganarse la vida “vendiendo cupones y limpiando en una casa un viernes sí y otro no”. La iglesia le ayuda con 50 euros al mes. Su hermano, asegura, estuvo 11 meses luchando para que le concediesen la PCI. Ella aguarda paciente. “En febrero a lo mejor cobro”, dice.
Según el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales de Las Palmas, en torno al 30% de los residentes canarios vive bajo el umbral de la pobreza. La tasa de paro en el Archipiélago roza esa cifra (29,55%) y el porcentaje de desempleados de larga duración supera el 52%.
Sin embargo, la Prestación Canaria de Inserción apenas llega al 1% de las más de 650.000 personas que tienen derecho a percibirla, según los datos que maneja la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan). Además, los retrasos se han sucedido tanto en la tramitación y renovación de las instancias, que pueden demorarse hasta los siete meses a pesar de que la normativa fija un periodo máximo de valoración de cinco, como en el cobro, en una media de seis meses.
Erena (32 años), ha perdido toda esperanza. Reside en el barrio de Las Rehoyas con sus dos hijos, de 2 y 10 años. Todos los meses recibe 150 euros para la manutención de los menores y una pequeña aportación de la iglesia. Solicitó la prestación hace tres años, cuando perdió el empleo que tenía tras quedarse embarazada, pero nunca se la concedieron. “Una vez, la asistenta me dijo que me la habían aprobado, pero no la cobré, al final me la denegaron. Ya ni siquiera voy cuando me llaman, lo doy por perdido”.
La Consejería de Políticas Sociales asegura que unas 7.000 personas están recibiendo esta cobertura básica -que oscila entre los 450 y los 650 euros-, que aún queda crédito de los 20 millones de euros consignados en los presupuestos de 2011 y que están dando respuesta a las nuevas solicitudes en un tiempo medio de dos a tres meses.
La Federación Canaria de Municipios y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales contradicen esta versión. “Toda la información que tenemos es del colectivo de trabajadores que están a pie de terreno, que conocen la situación de las familias y que saben que no están recibiendo la PCI”, asegura David Muñoz, presidente del colegio de trabajadores sociales. “Ahora mismo, la prestación está estancada, la Consejería no tiene fondos”, confirman fuentes de la Fecam consultadas por este periódico.
El año pasado ya se vivió una situación similar. Entonces, los beneficiarios de la ayuda permanecieron más de ocho meses sin percibirla. “Ya es la segunda vez que la gente espera muchísimo tiempo para que se la haga el ingreso. La situación es alarmante. Es un dinero elemental para la subsistencia de muchas personas. Si no tienen garantizados esos mínimos, es imposible que puedan acceder a un empleo, que puedan integrarse. Al ser tan básica, no puede desaparecer ni verse congelada”, asevera David Muñoz.
Instituciones y economía sumergida
El presidente del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas explica que muchas familias canarias se están agarrando a las ayudas de instituciones no lucrativas, a los comedores sociales y a la economía sumergida como tabla de salvación. “La situación es poco halagüeña. La economía sumergida está siendo un soporte vital, pero en ningún caso dignifica las condiciones de vida de una persona. Está viviendo en una situación en la que prima tener ingresos a final de mes, pero obviando toda condición y derecho que tiene el trabajador a un seguro social y a unas coberturas por la prestación del trabajo”, apunta.
Muñoz reclama una flexibilización de los criterios requeridos para optar a la PCI y recuerda que las situaciones de vulnerabilidad social han ido variando en los últimos años por la coyuntura de los mercados y la evolución del empleo. ”Habría que dar cabida a más personas. El desarrollo económico y el empleo depende también muchísimo de las posibilidades de integración social. Se necesita hacer una inversión de futuro en políticas sociales. Es la única forma de prosperar”, zanja