jueves, 18 de julio de 2013

MANIFIESTO. Consejo General del Trabajo Social (CGTS)

MANIFIESTO
Con la inminente aprobación de la 
reforma de la Administración Local en 
Consejo de Ministros, los y las 
trabajadoras sociales decimos
“¡HASTA AQUÍ!”
Madrid, 19 de julio de 2013


El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) insta al Gobierno a recapacitar y no aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que lleva meses 
perfilando. Los y las trabajadoras sociales consideramos que la oposición a la reforma de la Administración Local planteada por el Ejecutivo es ya un clamor popular que debe hacerle reflexionar. El propio Consejo de Estado ya ha advertido de que el anteproyecto puede ser inconstitucional.
Desde el punto de vista de los servicios sociales, la reforma contribuirá a su 
desaparición, poniendo en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas a la exclusión y socavando sus derechos fundamentales.
Por todo ello, hoy iniciamos la campaña “Hasta Aquí”, en que simbólicamente marcamos las líneas naranjas que no podemos permitir que traspasen los recortes y cambios legislativos. El retroceso experimentado en los últimos meses ha sido ya significativo. Retroceder más, nos llevará a un problema de vulneración de los derechos humanos.
Proximidad. El anteproyecto supone una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición.
No a la Beneficencia. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años. Renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad.
Asistencialismo. La concepción economicista del anteproyecto aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del estado del bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como se refleja en la misma terminología utilizada: el primer borrador se refería a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin tener en cuenta la prevención o la promoción ni referirse en ningún momento a los derechos de ciudadanía.
Derechos. Este anteproyecto puede también entrar en contradicción con los 
derechos subjetivos reconocidos en las leyes de servicios sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos en esta materia (p.e. protección integral, violencia de género, responsabilidad penal de los menores, etc.), si los planes de reducción de costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos siguientes para garantizarlos.
Privatización. De la exposición de motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando señala de forma clara, como uno de los objetivos del anteproyecto, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que “para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica […].”Este modelo de servicios sociales que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda adaptase a los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que deberían ser la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos.
El CGTS remarca varias incongruencias en los mensajes que da el Gobierno:
· Cuando utiliza las intervenciones administrativas desproporcionadas como argumento para la privatización de los servicios sociales, ¿acaso no es una forma de intervencionismo brutal toda la reforma de la ley, que quiere obligar a las autonomías y a los ayuntamientos a ejecutar esos cambios y a poner unos costes a todo?
· Por otro lado, en un marco de aumento del desempleo, en el que hay una preocupación importante por incentivar el empleo, el Gobierno da un mal ejemplo explicando que va a ahorrar desmontando servicios y despidiendo a trabajadores.
La campaña ¡Hasta Aquí! consiste en que cada trabajador o trabajadora social 
salga a las puertas de su centro de servicios sociales (también ayuntamiento o lugar emblemático que consideren) con sus compañeros y compañeras, con las personas usuarias y con vecinos y vecinas y MARQUE una LÍNEA NARANJA EN EL SUELO. Se puede pintar, poner una tela larga naranja que marque la línea, hacerla con papel naranja… Los profesionales, las personas usuarias y cuantos más vecinos mejor, se posicionarán frente a la línea naranja, defendiendo esos servicios sociales que no pueden desaparecer.





martes, 16 de julio de 2013

Jornadas en Taucho. Acción Social para la Transformación social








A continuación dos vídeos con los que se trabajará en las jornadas:




Debate. La pobreza en Canarias

Les recordamos la reunión que acordamos tras el debate sobre la mejora de las condiciones de vida para todos y todas del día 9 de Julio. La siguiente se realizará el martes 16 de Julio, a las 18:30h, en el salón de actos de la sede sindical de 1º de Mayo. La propuesta de orden del día es concretar las propuestas que al final se plantearon en el debate y constituir un grupo de trabajo común sobre este aspecto.


Les adjuntamos las grabaciones del debate que realizaron los compañeros de HERMES, a los que les agradecemos su trabajo de comunicación.

domingo, 14 de julio de 2013

Noticias 1º semana de Julio

A continuación mostramos las noticias de los medios relacionados con los social en la primera semana de Julio:



La marea naranja - Antonio Morales

Denuncian la supresión de 12 plazas en las escuelas infantiles públicas

Disciplina militar en el Albergue municipal de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno priorizará los servicios públicos y la economía

El PSC hace a Soria responsable de la pobreza en Canarias

Las trabajadoras sociales denuncian que el Gobierno está llevando a cabo una campaña para sustituir los derechos sociales por la caridad pública

Hoy se cumple el plazo para que los convenios sin acuerdo pierdan su vigencia

Unos 4.000 trabajadores se quedan sin convenio

Sanidad pasa factura a los ‘sin papeles’

Rivero pone los comedores de ejemplo para pedir unión

El Consejo de Estado avala los recelos de la Fecam

Los consumidores temen que la banca intente canjear por otras condiciones el fin de las cláusulas suelo

Por un Plan de lucha contra la Riqueza, no contra la Pobreza:


Desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza no queremos caer en la trampa de señalar a la pobreza como el problema a resolver. La pobreza no es más que la consecuencia de la riqueza que nos pertenece y que generamos todas las personas, acumulada en las manos de unas pocas. Estamos cansadas de campañas construidas en el mejor de los casos desde la caridad y el asistencialismo, exhibiendo la exclusión y la pobreza en la búsqueda de una solución inexistente dentro de este sistema económico. En los casos más comunes a modo de lavado de cara de quienes nos gobiernan para seguir perpetuándose en sus poltronas de poder al servicio de las grandes empresas y poderes.
 No podemos señalar a su vez como solución de nada, la buena operatividad de la Prestación Canaria de Inserción, que ni siquiera llega a una Renta Mínima de Inserción, situando a Canarias a la cola en la miseria que son los Servicios Sociales en todo el Estado. Aún cuando se cumpliera en su totalidad la normativa que regula la PCI, esta seguiría sin ser una solución a la exclusión que sufrimos ni contribuiría a asegurar una vida digna para todas. Denunciamos la no tramitación por parte de la administración de la PCI, y el impago que estamos sufriendo las que nada tenemos de esta prestación, pero denunciamos que es del todo insuficiente, así como que es subjetiva, y no es concebida como derecho además de estar atada a contraprestación. Exigimos la redistribución de la riqueza con todas sus consecuencias. La apertura de caminos que hagan posible y que potencien otro sistema económico y social que supere el capitalismo que nos oprime y destroza la vida, permitiendo que unas pocas acumulen toda la riqueza, mientras otras no tenemos ni para comer. Entendemos que desde las que nos gobiernan y quienes les aplauden no van a venir soluciones reales, y que estas deben de ser construidas por nosotras mismas, desde las comunidades en las que vivimos e intentamos sobrevivir. No podemos seguir esperando las migajas que caen de sus platos.
 Apostamos por un nuevo modelo económico justo y equitativo que asegure la calidad de vida de todas las personas que trabajamos, vivimos y luchamos en nuestro pueblo. Para ello, proponemos la aplicación de la Renta Básica de las iguales (RBis), que consiste en el derecho de toda persona a percibir una cantidad periódica, de carácter individual (no familiar), universal, no contributiva, independiente del nivel de ingresos y del mercado de trabajo y de por vida para todas. Además, esta cuantía ha de ser por lo menos igual al umbral de pobreza y recibir cada persona la misma cantidad, de la cual un 80% se percibirá en mano y el 20% restante en forma de bienes de uso colectivo (Fondo Común de RBis).
 No pedimos ayudas, exigimos derechos.

Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Pincha aqui para conocer a nuestros compañeros.
Canarias, julio de 2013