miércoles, 29 de febrero de 2012

El 'limbo' de la Prestación Canaria de Inserción


La valoración de las solicitudes puede tardar siete meses.- Los perceptores no cobran desde hace seis. - Solo llega al 1% de quienes tienen derecho.
Milton tiene 32 años, es peruano y reside en Las Palmas de Gran Canaria. El 17 de enero de 2011 cursó una instancia a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno regional para poder acceder a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda que otorga el Ejecutivo a las personas en riesgo de exclusión social para atender sus necesidades básicas. Actualmente está desempleado, al igual que su mujer, con quien tiene un hijo de siete meses. Sus cuñados lo han acogido en su hogar y se mantiene gracias a “la ayuda de los familiares y al cheque de 100 euros mensuales de Cáritas”. La administración regional aún tramita su solicitud.
Fidelina, de 35 años, también se encuentra en este limbo, a la espera de que la Consejería resuelva su caso. Vive sola e intenta ganarse la vida “vendiendo cupones y limpiando en una casa un viernes sí y otro no”. La iglesia le ayuda con 50 euros al mes. Su hermano, asegura, estuvo 11 meses luchando para que le concediesen la PCI. Ella aguarda paciente. “En febrero a lo mejor cobro”, dice.
En cambio, Erena (32 años) ha perdido toda esperanza. Reside en el barrio de Las Rehoyas con sus dos hijos, de 2 y 10 años. Todos los meses recibe 150 euros para la manutención de los menores y una pequeña aportación de la iglesia. Solicitó la prestación hace tres años, cuando perdió el empleo que tenía tras quedarse embarazada, pero nunca se la concedieron. “Una vez, la asistenta me dijo que me la habían aprobado, pero no la cobré, al final me la denegaron. Ya ni siquiera voy cuando me llaman, lo doy por perdido”.
Según el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales de Las Palmas, en torno al 30% de los residentes canarios vive bajo el umbral de la pobreza. La tasa de paro en el Archipiélago roza esa cifra (29,55%) y el porcentaje de desempleados de larga duración supera el 52%.
Sin embargo, la Prestación Canaria de Inserción apenas llega al 1% de las más de 650.000 personas que tienen derecho a percibirla, según los datos que maneja la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan). Además, los retrasos se han sucedido tanto en la tramitación y renovación de las instancias, que pueden demorarse hasta los siete meses a pesar de que la normativa fija un periodo máximo de valoración de cinco, como en el cobro, en una media de seis meses.
La Consejería de Políticas Sociales asegura que unas 7.000 personas están recibiendo esta cobertura básica -que oscila entre los 450 y los 650 euros-, que aún queda crédito de los 20 millones de euros consignados en los presupuestos de 2011 y que están dando respuesta a las nuevas solicitudes en un tiempo medio de dos a tres meses.
La Federación Canaria de Municipios y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales contradicen esta versión. “Toda la información que tenemos es del colectivo de trabajadores que están a pie de terreno, que conocen la situación de las familias y que saben que no están recibiendo la PCI”, asegura David Muñoz, presidente del colegio de trabajadores sociales. “Ahora mismo, la prestación está estancada, la Consejería no tiene fondos”, confirman fuentes de la Fecam consultadas por este periódico.
El año pasado ya se vivió una situación similar. Entonces, los beneficiarios de la ayuda permanecieron más de ocho meses sin percibirla. “Ya es la segunda vez que la gente espera muchísimo tiempo para que se la haga el ingreso. La situación es alarmante. Es un dinero elemental para la subsistencia de muchas personas. Si no tienen garantizados esos mínimos, es imposible que puedan acceder a un empleo, que puedan integrarse. Al ser tan básica, no puede desaparecer ni verse congelada”, asevera David Muñoz.
Instituciones y economía sumergida
El presidente del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas explica que muchas familias canarias se están agarrando a las ayudas de instituciones no lucrativas, a los comedores sociales y a la economía sumergida como tabla de salvación. “La situación es poco halagüeña. La economía sumergida está siendo un soporte vital, pero en ningún caso dignifica las condiciones de vida de una persona. Está viviendo en una situación en la que prima tener ingresos a final de mes, pero obviando toda condición y derecho que tiene el trabajador a un seguro social y a unas coberturas por la prestación del trabajo”, apunta.
Muñoz reclama una flexibilización de los criterios requeridos para optar a la PCI y recuerda que las situaciones de vulnerabilidad social han ido variando en los últimos años por la coyuntura de los mercados y la evolución del empleo. ”Habría que dar cabida a más personas. El desarrollo económico y el empleo depende también muchísimo de las posibilidades de integración social. Se necesita hacer una inversión de futuro en políticas sociales. Es la única forma de prosperar”, zanja.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Los servicios sociales exigen planes para evitar la ruina de las familias


Los directores de los servicios sociales españoles proponen crear la figura de la "persona sobreendeudada en situación de riesgo" y elaborar programas de reflotamiento para impedir que miles de familias terminen en la calle. "Lo que no se gaste en protección social tendrá que gastarse en seguridad ciudadana", advierten.

La Asociación estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales ha elevado una propuesta al Gobierno, a la Comisión de Justicia del Congreso y a la Defensora del Pueblo para responder a los ciudadanos desahuciados o al borde de perder su vivienda que consiste en la creación de una figura de protección, la "persona sobreendeudada en situación de riesgo" y la articulación de medidas como planes de reflotamiento familiar para evitar que acaben en la calle y en la ruina.
La propuesta, difundida ayer por su autor, el trabajador social y consultor Luis Barriga, pide "una nueva legislación en materia de saneamiento de la deuda de particulares" para "posibilitar que las familias en quiebra económica puedan afrontar sus deudas a través de moratorias, planes de reflotamiento económico familiar y acciones preventivas de la exclusión y de la economía sumergida".
Según Barriga, "no se comprende cómo un país donde una de cada tres familias no puede afrontar ningún gasto imprevisto, donde una de cada cinco personas están ya bajo el umbral de la pobreza y donde se han producido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias y 150.000 lanzamientos en dos años, se mantiene la paz social", sobre todo considerando que hay más de 5 millones de parados y que, al contrario que en el resto de países de la OCDE, los particulares que se arruinan se encuentran en una "desprotección jurídica absoluta".
Sobre este asunto, incidió en que en el resto de Europa existen "siempre" fórmulas ante la quiebra de personas físicas y procesos similares al de las empresas que declaran el concurso de acreedores. Sin embargo, en España no existe protección ni tutela para los ciudadanos en quiebra, porque la responsabilidad patrimonial es ilimitada, de manera que si una empresa liquida, después se extingue, pero las deudas de una persona física, aunque fallezca, "persiguen a sus hijos".
Los expertos consideran que la cohesión social se mantiene por la resistencia de las familias y destacan que, por ello, "los primeros en caer han sido los inmigrantes". Sin embargo, vaticinan un desmoronamiento a medio plazo, ya que "las redes familiares no soportarán el alargamiento de la crisis" y lo que empezó como un goteo ya "ha dejado de ser anecdótico" y se convertirá en "una lluvia de dramas familiares".
Ramírez añadió a este panorama los recortes en políticas sociales que las administraciones públicas están acometiendo, aun cuando España ya tiene "el sistema de protección más débil" del entorno europeo. Por eso, advirtió de que "todo lo que no se gaste el Gobierno en protección social es dinero que el Estado va a tener que gastar en seguridad ciudadana".
"No se trata de condonar deudas sin más", puntualizó Barriga, que recalcó que todo ciudadano "tiene la obligación" de cumplir los contratos, pero "dentro de los márgenes que permite cada momento".
Esta "bomba de relojería" no estallará, según la asociación, si se adoptan "medidas urgentes" de protección enmarcadas en la reforma de la Ley Concursal, como la creación de la figura jurídica de la "persona sobreendeudada en situación de riesgo".

martes, 21 de febrero de 2012

La 'nueva pobreza' afecta a profesionales cualificados


Cuatro de cada 10 hogares canarios con menos de 6.000 euros de ingresos al año dedican más del 60% al pago de la vivienda habitual.
El perfil de la nueva pobreza en Canarias alcanza a profesionales cualificados que se han visto "afectados por una auténtica privación material básica", además de las personas en situación de exclusión social y a las vinculadas a "zonas marginales del mercado de trabajo", según un estudio de la Obra Social de La Caja de Canarias basado en el programa de Urgencias Sociales y Atención a las Familias.
El documento está basado en una muestra de 1.000 familias solicitantes de ayuda de primera necesidad durante 2011, y en el mismo se destaca que "los nuevos perfiles de la pobreza no están derivados sólo de la pérdida de empleo o del empleo con bajas rentas, sino que en muchas casos también, por cambios en la estructura familiar (incremento de hogares monoparentales, desestructuración familiar…), que incide directamente en el riesgo de pobreza, así como por la participación laboral no completa de todos los miembros activos del hogar, más aún cuando existe presencia de varios menores dependientes".
Los hogares que más han empeorado su situación económica son los sustentados por mujeres, con menores a su cargo, siendo el hogar monoparental el caso más frecuente de demandante de atención social. No obstante sí se aprecia en el estudio que durante el pasado año se produjo un incremento en la composición familiar, incrementándose la presencia de unidades con dos adultos con dos menores.
Asimismo y desde un punto de vista de las relaciones sociales, el 40% de los hogares analizados (frente al 47% del anterior estudio) presentan problemática social de distinta índole, como menores en riesgo, violencia de género, madres con menos de 20 años, adicciones y malas relaciones con la red familiar, así como enfermedad graves o discapacidad de miembros de la unidad familiar.
Del estudio de la Obra Social se desprende también que el 5,6% de los demandantes de ayuda viven sin ingresos y el 42 lo hacen con menos de 6.000 euros al año. Además, y pese a los restrictivos ingresos medios de las familias en situación de vulnerabilidad ante la crisis, resulta igualmente significativo el importante peso que tiene en la economía de estos hogares la vivienda, ya sea de alquiler o con carga hipotecaria. En este sentido, el 40% de esos hogares dedican más del 60% de sus ingresos al pago de la vivienda habitual.
Ayudas
El programa de ayudas económicas de emergencia social para las familias más necesitadas de La Caja de Canarias destinó en el recién terminado año 2011 un total de 642.000 euros, a ayudar directamente a unas 4.000 personas pertenecientes a 1.500 familias canarias en situación de nueva pobreza, derivada de la crisis económica.
Debido a la continuidad de la situación de vulnerabilidad económica que se vive en nuestro territorio, la Obra Social de La Caja de Canarias ha mantenido desde 2009 su programa de Ayudas de Emergencia Social con el objetivo de ayudar a las familias canarias que más lo necesitan, a través del cual ya se ha repartido más de cuatro millones y medio de euros.
Según explica el presidente de La Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro, la continuidad de este programa se justifica en las grandes bolsas de población en situación de exclusión social o en riesgos de caer en ella derivado del incremento del paro. En este contexto, la finalidad de este programa es dar una respuesta rápida, eficaz y en coordinación con los ayuntamientos a la situación de precariedad en que se encuentran muchas familias canarias. Las bases de la convocatoria se centran sobre todo en las unidades familiares con dificultades a partir del ejercicio 2008, año de comienzo de la crisis y por ende del aumento de forma significativa e imparable de las cifras de paro.
Con cargo al programa 2011 de la Obra Social, en el que ha colaborado el Cabildo de Lanzarote con 100.000 euros y el de Fuerteventura con 42.100 euros, y La Caja de Canarias con medio millón de euros, se han tramitado cerca de 2.000 expedientes de solicitud de ayuda de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La ayuda media que se concedió se elevó a 386 euros, cantidad que se concede en función de variables como el número de miembros de unidad familiar, y los ingresos medios de la misma. En cualquier caso, la media de ingresos anuales que registraron las familias beneficiarias de este proyecto está en 5.687 euros.
El programa de ayudas de emergencia social de la Obra Social de La Caja de Canarias ha detectado desde su puesta en marcha un alto porcentaje de familias con todos sus miembros en edad de trabajar en situación de desempleo, un porcentaje que ha ido en aumento, dado que en anteriores ediciones la media estaba en el 32% de los casos y en 2011 subió al 41,38.
En cuanto a la tipología de ayudas concedidas en el pasado año, el 48% fue en alimentación, para lo que La Caja de Canarias cuenta con unas tarjetas (tipo tarjetas regalo) cargadas con un saldo y a emplear en supermercados en artículos de alimento y aseo de primera necesidad. Asimismo, el 24% de las subvenciones aprobadas se destinaron al pago de alquiler de vivienda; el 13 a material, ropa y comedor escolar; y el 10% a suministros básicos como agua y luz. El programa también contempla el pago de gastos de farmacia, prótesis y elementos básicos para el hogar.
Con este programa, La Caja de Canarias ha pasado a tener un papel más activo en la lucha contra la exclusión, creando una herramienta para dar respuesta urgente a las necesidades más fundamentales de los hogares isleños. Precisamente, una de las principales característica de estas ayudas consiste en la rapidez de su proceso de gestión y abono, apenas una semana desde que se presenta la solicitud, vía Servicios Sociales de los ayuntamientos. Estos departamentos son los encargados de entrevistar y elaborar las propuestas de ayudas y remitirlas a la Obra Social para su resolución y pago.

viernes, 17 de febrero de 2012

''La cohesión social está en peligro''

Los directores y gerentes de Servicios Sociales proponen crear una nueva figura jurídica de protección dirigida a familias insolventes.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, consciente de la "gravísima situación en la que están miles de familias españolas por causa de la crisis económica", ha hecho público un comunicado en el que expresa su "profunda preocupación ante el riesgo de pérdida de la cohesión y la paz sociales que aún atesoramos en España" y quiere aportar fórmulas para paliarla.
Este martes presentarán el documento elaborado por la asociación, que refleja "cómo estamos abocados a una sociedad en la que millones de personas insolventes son desposeídas de todos sus bienes presentes y futuros y condenadas a vivir de subsidios y de la economía sumergida, impidiéndose su reincorporación con normalidad a la vida social y económica".
La asociación incide en la "urgente" necesidad de adoptar medidas de tratamiento de la insolvencia de particulares en la línea de todos los demás países del entorno y propone la creación de una nueva figura jurídica de protección dirigida a las unidades familiares, deudoras de buena fe y en claro riesgo de exclusión económica y social, que suponga el tratamiento de su insolvencia junto a la activación de todos los apoyos posibles para su reflotamiento.
"El tratamiento de la insolvencia deberá realizarse mediante fórmulas de mediación jurídicamente consolidadas y, en último caso, con la intervención judicial, para lo cual debemos modificar el marco legal en todo lo que sea preciso para posibilitar la protección y dar seguridad jurídica tanto a acreedores como a deudores", explica la asociación. "Pero además es necesario apoyar a las familias en estas situaciones desde todos los frentes posibles para evitar que a la quiebra económica le siga indefectiblemente la quiebra anímica y moral que provoca el abandono por parte de los servicios públicos y la ausencia de futuro", añade.
La asociación considera que es momento de actuar "de forma valiente e inequívoca" adoptando "decisiones valientes".

viernes, 10 de febrero de 2012

Canarias, la segunda región con mayor tasa de pobreza


Un informe de Cáritas confirma que 580.000 familias españolas no tuvieron ningún ingreso en 2010.

Canarias es la segunda región de España con mayor tasa de pobreza (31,1%), solo superada por Extremadura (38,2%), según el informe Análisis y Perspectivas sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborado por la Fundación Foessa y presentado este miércoles por Cáritas.
Foessa apunta que la tasa de pobreza en España (21,8%) es una de las más elevadas de la Unión Europea y que "los pobres son más pobres", al detectarse una disminución en el umbral de pobreza, que pasó de 8.000 euros (2009) a 7.800 (2010).
Asimismo, se producen diferencias considerables dentro del territorio español. En el año 2010 el nivel de pobreza en Extremadura se veía superado por el de Navarra en más de treinta puntos porcentuales (38,2% y 7,3%, respectivamente). Además de Extremadura y Canarias, las comunidades que presentan peores datos son Andalucía (30,1%) y Murcia (29,2%). En el otro extremo, se sitúan Navarra (7,3%), País Vasco (11,6%) y Asturias (12,3%).
El mencionado informe señala que se ha producido un incremento de la exclusión social, ya que en 2010 eran 11.675.000 las personas que estaban en riesgo de pobreza en España, es decir, la cuarta parte de la población (25,5%).
Este aumento de la precariedad se ve confirmado, además, por el incremento de personas atendidas por los servicios de Acogida de Cáritas, que pasaron de 400.000 en 2007a 950.000 en 2010.
El informe de Foessa confirma que 580.000 familias no tuvieron ningún tipo de ingresos en 2010.
El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha subrayado que estos datos revelan que la pobreza es "más extensa, intensa y crónica" y que la convivencia se asienta "cada vez más en una sociedad dual”.
Una pobreza más extensa porque, añadió, “la pobreza se incrementa en número de hogares y personas; más intensa porque las situaciones de privación material y la dificultad de acceso a derechos básicos se ha acrecentado; más crónica porque no hablamos de situaciones de pobreza pasajera sino de años viviendo bajo el umbral de la pobreza, incluso en personas con empleo que siguen siendo ‘trabajadores pobres’”. A ello se añade, en palabras del secretario general de Cáritas, que “como consecuencia de estos procesos de empobrecimiento se trasluzca una sociedad más polarizada entre los que tienen y los que no tienen”.

sábado, 4 de febrero de 2012

La ciudad recorta un millón para menores y mujeres maltratadas


El Ayuntamiento elimina su aportación a los convenios con el Gobierno y el Cabildo que financian los programas porque le obligaría a contratar más personal

Fuente: La Provincia

El Ayuntamiento de la capital grancanaria eliminará este año su aportación de 1.129.524 euros para el desarrollo de varios programas sociales de apoyo a mujeres maltratadas, menores en situación de riesgo y la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que se llevan a cabo mediante convenios con el Gobierno canario y el Cabildo. El director de gobierno de Personal y Seguridad, Claudio Rivero, aseguró ayer que dicho recorte corresponde a la eliminación de las partidas que el Ayuntamiento destinó el pasado año a contratar a trabajadores temporales para desarrollar los programas. A partir del próximo año, señaló Rivero, "esos programas se desarrollarán con personal municipal de plantilla o a través de ONG".

Los últimos despidos de trabajadores, contratados para estos programas, afectaron a nueve trabajadores del programa de prevención y protección de víctimas de violencia machista y se produjeron el pasado 31 de diciembre. Rivero sostuvo, en la línea de lo manifestado en su día por la concejala de Servicios Sociales, Rosa Viera, que "no son despidos sino finalizaciones de contratos".

El director de gobierno explicó que el personal contratado a través de dichos convenios se ha ido incorporando a la plantilla como personal laboral indefinido, tras ir a los tribunales, por lo que el Ayuntamiento cuenta "con trabajadores suficientes" para desarrollar dichos programas. Añadió que en Servicios Sociales hay unas 40 personas que se han incorporado a la plantilla, tras su contratación como personal temporal, por lo que se intentará convencer al Cabildo, que es el que reparte el dinero de los programas que llega del Gobierno canario, para que se puedan gestionar con el personal de plantilla del Ayuntamiento, o bien a través de ONG. "El Ayuntamiento se ha ido cargando de trabajadores sociales. Se acabó seguir contratando gente, primero porque hay un real decreto que prohíbe contratar a más personal y, segundo, porque contamos con personal suficiente. Eso no va a suponer que el municipio vaya a perder el dinero del Gobierno para los programas", sostuvo.