lunes, 20 de junio de 2011

Odra Rodríguez mas.jpg / Canarias 7 / Las Palmas de Gran Canaria 20/06/2011
La crisis económica ha creado un nuevo perfil de pobreza. Se trata de personas que nunca habían recurrido a la ayuda social, en paro, del sector de la construcción, con problemas familiares y que ingresan un media anual de 5.626 euros. La Obra Social de La Caja de Canarias pone en marcha, por tercer año consecutivo, el programa de Ayudas de Emergencia Social.

La Obra Social de La Caja de Canarias ha atendido las necesidades perentorias de 15.500 personas, pertenecientes a 5.458 unidades familiares, debido a la crisis económica, a través de su programa de Ayuda de Emergencias Sociales desde 2009 y que desarrolla con la colaboración de los servicios sociales de los ayuntamientos. A esta labor de apoyo a las familias canarias en situación de precariedad económica se ha destinado un presupuesto de 3.890.000 euros y han colaborado los cabildos insulares de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Para la campaña de este año, la tercera consecutiva, que se inició el pasado mes de mayo, se cuenta con una dotación 740.000 euros, según los datos que ofreció ayer la entidad social.

Con el bagaje y la información de estos tres últimos años, la Obra Social ha realizado una fotografía del perfil de la nueva pobreza. Para ello ha analizado los 6.655 expedientes cedidos por los consistorios locales. La entidad social señala que esta nueva pobreza aunque está básicamente relacionada con la crisis económica, el paro y el desempleo, también es consecuencia «de cambios de estructuración familiar, como son el incremento de familias monoparentales o casos de violencia de géneros, adicciones, menores en riesgo, entre otros», apuntó la misma fuente.

Se trata de personas o núcleos familiares que nunca habían demandado atención social para cubrir sus necesidades básicas. Los hogares que más han empeorado son los sustentados «por mujeres, por jóvenes y por inmigrantes y más si tienen hijos y que viven en un entorno urbano». Además, destaca que en la mayoría de los casos «cuando han tenido trabajo, lo han hecho en la construcción o tenían pequeños comercios». Por otro lado, la media de ingresos anuales de las familias está en los 5.626 euros, cantidad que varía ligeramente por Islas, resalta el estudio.

jueves, 9 de junio de 2011



PROXIMA REUNION DE REDESSCAN, 6 DE JULIO A LAS 20:00 EN EL CAFE DESPACIO (C/Cebrian, 54, Las Palmas GC)

Entrega de Manifiesto

El 20 de Junio a las 10:00 la Asamblea de vecinas y vecinos de Casa Blanca III, Polvorín y Rehoyas presentan su manifiesto en la Presidencia del Gobierno de Canarias. 


El 18 de Junio desde las 11:00 se encontraran en los jardines del Auditorio Alfredo Krauss realizando una recogida de firmas.

jueves, 2 de junio de 2011

Manifiesto de Vecinas y Vecinos de Casa Blanca III, Polvorín y Rehoyas

 “LOS SERVICIOS SOCIALES SON UN DERECHO”

MANIFIESTO SOBRE LA SITUACIÓN DE MÁS DE 300 PERSONAS

En los barrios Casa Blanca III, Polvorín y Rehoyas se ha conformado un grupo de vecinas y vecinos, con el fin de manifestar nuestro desconcierto, indignación, preocupación e impotencia ante la falta de fondos para prestaciones sociales básicas; el letargo de los trámites administrativos y la inexistencia de presupuestos suficientes para que las ayudas solventen las distintas necesidades de más de trescientas personas residentes en dichos barrios.
La Ley 9/1087, de 28 de Abril, de Servicios Sociales, establece su propósito en su Artículo 1: “(…) garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de éstos.
Nosotros somos solicitantes de prestaciones en los Servicios Sociales de los distritos Centro y Ciudad Alta, y afirmamos que no se garantiza el cumplimiento de este derecho. Lo afirmamos por los siguientes motivos:
-       En primer lugar, no se nos facilita la información ni se nos orienta adecuadamente para conocer y acceder a las prestaciones sociales públicas. En ocasiones se justifica esta falta de información con la escasez o inexistencia de fondos que impiden tramitar alguna ayuda específica.
-       Solicitamos cita y debemos esperar hasta tres meses para poder ser atendidos.
-       La mayoría hemos sido derivados a otros recursos privados, dada la imposibilidad que en Servicios Sociales nos atiendan de una manera eficaz y competente en un corto período de tiempo. En muchos casos, hemos sido derivados sin realizar trámite alguno para valorar el acceso a alguna prestación pública, siendo los recursos privados los que nos informan de esta posibilidad y de nuestro derecho.
-       Somos personas que hemos solicitado la Prestación Canaria de Inserción y llevamos más de un año esperando la misma.
-       Somos personas que han padecido la suspensión temporal de dicha ayuda por falta de fondos.
-       Por último, subrayamos que en el transcurso de tiempo en el que los trámites administrativos y burocráticos se llevan a cabo, nuestra situación de necesidad, no sólo permanece sino que empeora. Si a esto sumamos los retrasos en el cumplimiento de los plazos que se dan en las ayudas, como por ejemplo, las prestaciones de Emergencia, la Prestación Canaria de Inserción; podemos constatar que es imposible evitar las situaciones de pobreza y exclusión, que atentan a gran parte de la población canaria.
Señalamos que las cuantías económicas de algunas prestaciones no son congruentes con las necesidades que sufren las familias y que no tienen en cuenta el contexto económico y social que vivimos en este momento. Con ellas no podemos afrontar el coste de vida: alquileres que oscilan entre los 300 y 500 €, el precio de la cesta de la compra, comedor escolar, transporte, medicamentos…
En general, las situaciones y necesidades que padecemos las podemos sintetizar en los siguientes aspectos:
-       Situación de desempleo prolongado y alto índice de desempleo estructural
-       Escasos o nulos ingresos económicos y baja remuneración laboral
-       Entradas económicas bajas provenientes de economía sumergida
-       Baja formación académica y baja cualificación profesional
-       Familias monoparentales sin apoyo familiar y/o económico
-       Varios núcleos familiares habitando en la misma vivienda
-       Personas sin hogar
-       Personas en situación administrativa irregular
-       Personas mayores solas que no cuentan con ningún tipo de apoyo familiar o vecinal
-       Matrimonios de personas octogenarias en los que uno de los cónyuges es el cuidador principal de la persona que es dependiente, corriendo el riesgo de convertirse en persona dependiente a corto o medio plazo.
La situación de las personas mayores nos preocupa, puesto que es una realidad sangrante en estos barrios. Según los datos del proyecto de Apoyo Familiar de Cáritas Diocesana de Canarias, la mayoría de personas atendidas por éste, en esta situación de dependencia, han solicitado los servicios reconocidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y muchas han esperado durante más de dos años, falleciendo sin poder contar con dichos servicios.
Por otra parte, manifestamos que durante los primeros nueve meses del año 2010, hemos solicitado ayuda a los grupos parroquiales de Cáritas, en los barrios Casa Blanca III, Polvorín – San Antonio y Rehoyas, más de 300 personas con distintas situaciones de necesidad. Si bien, este número no representa la población beneficiaria indirecta puesto que solo recoge el número de personas solicitantes.
Las solicitudes que hemos realizado a los grupos parroquiales de Cáritas, fundamentalmente han sido: orientación laboral; ayudas de alimentos; ayudas económicas para pagos de suministros; comedores escolares, medicamentos y alquileres. Demandas que han de responder los servicios sociales, garantizando nuestros derechos y asegurando nuestro desarrollo y bienestar.
Finalmente, nos  preocupa la tendencia a privatizar determinados servicios públicos, recogida en el proyecto de reforma de la ley de servicios sociales. Un claro ejemplo de los efectos negativos de la privatización de servicios públicos son las consecuencias que condicionan y empeoran la calidad de la educación infantil en las guarderías municipales, por causa de la gestión de las mismas por entidades privadas, como es el caso de la guardería municipal de Los Pitufos, situada en el barrio del Polvorín.

Con todo, denunciamos que:
-       Cuando pedimos cita previa para ser atendidos desde los SSSS. se nos dan con fecha de hasta tres meses posterior a la fecha de dicha petición.
-       Las prestaciones sociales no son suficientes para superar nuestras necesidades, y menos aún, para facilitar o mejorar nuestro desarrollo como personas beneficiarias.
-       Las cuantías económicas de la mayor parte de las prestaciones que estamos cobrando o hemos solicitado, tampoco son suficientes.
-       Las resoluciones de nuestras solicitudes de prestaciones sociales, por lo general, se demoran más de seis o nueve meses, incumpliendo mayormente, los plazos determinados en las bases que las regulan.
-       Los plazos para la gestión y resolución de determinadas prestaciones no son coherentes con las necesidades que pretenden cubrir (como por ejemplo, las ayudas de emergencia o las ayudas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia).
-       Hemos sufrido varias interrupciones temporales que se han producido en prestaciones concedidas por falta de fondos. Como es el caso, actualmente, de la Prestación Canaria de Inserción.
-       Algunos requisitos correspondientes a distintas ayudas son incongruentes con las diferentes situaciones personales que padecemos muchas familias.
-        No se tienen en cuenta las especificidades de nuestras realidades que han ido surgiendo en nuestro contexto social, como por ejemplo los nuevos tipos de familia o la multiculturalidad.
Por ello, pedimos que:
-       Los recortes presupuestarios no afecten a los gastos correspondientes de los servicios y prestaciones sociales.
-       Se cumplan los plazos previstos para la valoración y concesión de las prestaciones
-       Se revisen los plazos para la resolución de determinadas prestaciones y se agilicen los trámites administrativos y burocráticos
-       Se realicen los ajustes organizativos necesarios para que la atención a la persona no supere las dos semanas desde que se solicita la cita.
-       Se realice una atención eficaz y eficiente  a las personas
-       Por medio de los servicios y prestaciones sociales, se garantice la superación de las distintas situaciones de pobreza y exclusión social.

03 de noviembre de 2010
                                                                     Vecinas y vecinos de Casa Blanca III, Polvorín y Rehoyas