domingo, 27 de abril de 2014

La Consejería de Sanidad debe reincorporar a los inmigrantes al Servicio Canario de la Salud


 
Tras el levantamiento parcial de la suspensión de la ley foral de Navarra que permitía la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes no regularizados, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional permite la atención sanitaria a los inmigrantes, la primera fue en el País Vasco y ejemplifica como el RDL 16/2012, de contrarreforma sanitaria del PP, ha supuesto una agresión intolerable al derecho a la salud de las personas.
 
Entendemos que los argumentos del TC "El derecho a la salud y el derecho a la integridad física (...) no pueden verse desvirtuados por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado" reafirman lo que se ya se había señalado desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que el RD Ley 16/2012 vulneraba los derechos humanos básicos de estas personas y que el efecto económico de la medida era irrelevante e incluso potencialmente negativo. 
 
Lo congruente, aunque poco probable, sería que se produjeran tres hechos inmediatos: la retirada del RD Ley 16/2012 aprovechando que se van a cumplir 2 años desde su aprobación y sus constatables efectos negativos sobre el sistema sanitario; la dimisión de la ministra Mato tan ineficaz como lesiva para el derecho a la salud de las personas, y la ampliación de este derecho a la atención sanitaria en todas las CCAA, ya que tienen la cobertura del Tribunal Constitucional.
 
En Canarias, por tanto, donde la Consejería  de Sanidad tras anunciar que se oponía a la exclusión sanitaria de los inmigrantes "sin papeles", el Servicio Canario de Salud durante el último semestre de 2012, retiró nada menos que 48.652 tarjetas sanitarias a sus titulares, además de la bochornosa regulación para su acceso a los servicios sanitarios de Canarias que solo han podido cumplimentar 42 de ell@s, debe reincorporarse a la atención sanitaria pública plena a estas personas. Lo exigimos, como lo exige la necesaria respuesta a unamedida injusta, desastrosa desde el punto de vista sanitario, humanitario y moral que ahora además viene rechazada por el Tribunal Constitucional.
 
En Canarias a 21 de abril de 2014
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias