viernes, 23 de diciembre de 2011

Los colegios de Trabajadores Sociales de Canarias y REDESSCAN rechazan los presupuestos en Servicios Sociales para el 2012

NOTA DE PRENSA 

Bajo el lema `Derechos sociales y servicios sociales para todas las personas, ni un recorte´ la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, constituida por diferentes asociaciones, colectivos y plataformas, además de cientos de personas a título individual relacionadas con el tejido social y los servicios sociales y de personas afectadas por el recorte en los derechos sociales, denuncian públicamente la situación que viven numerosas personas en Canarias.

Esta RED que ha venido a gestarse tras varios años de lucha por la defensa de los derechos sociales y del reparto de la riqueza se crea para dar un paso más hacia la creación de un espacio común “que sirva de apoyo mutuo ante el flagrante retroceso de un sistema público de servicios sociales programado desde diferentes instancias políticas y mercantiles”.

Desde que comenzara su andadura hace apenas un año en Gran Canaria, fomentada y desarrollada desde diferentes personas relacionadas con el Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, la RED se crea “desde el compromiso por intentar abarcar todo el territorio de la Comunidad Canaria, potenciando las distintas acciones encaminadas a la defensa de dicho sistema público de Servicios Sociales”.

Tras haber realizado varias acciones públicas ayer día 22 de noviembre tanto en Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, la Red apoyada siempre desde los dos Colegios Oficiales de Trabajo Social en Canarias, quiere presentar públicamente cuáles son las cifras que se barajan de forma oficial y cuáles son las denuncias concretas que se realizan en base a los estudios previos realizados y en los que han participado numerosos profesionales y colegiados.

Denuncias con cifras

● El progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población canaria, especialmente de las personas que sufren la pobreza (una de cada tres personas), la exclusión social (la extrema es la más alta de todo el Estado español), la desigualdad, el desempleo (300.000 personas), la explotación...

La caída en los niveles de empleo supone, inevitablemente, un aumento de las necesidades sociales. Aunque con retrasos, existe evidencia de que la persistencia en el tiempo de tasas de desempleo elevadas incrementan los niveles de desigualdad y pobreza de la población.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de estadística, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social  a la que llega la población a nivel nacional aumenta del 24% al 25,5% durante los años 2004 al 2010, pudiendo llegar en el año que está terminando (2011 ) al 27%.

En Canarias, este dato aumenta hasta el 35,5% en el año 2010, 10 puntos por encima de la media nacional. Es decir, 3 de cada 10 personas en Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social, aproximadamente 752.074 personas. Según la Encuesta de Población Activa para el tercer trimestre del 2011, la tasa de paro a nivel nacional es del 21,52%. En Canarias, alcanza casi el 30%.
  
● “La brutal” reducción presupuestaria dedicada a los servicios sociales, por parte del Gobierno de España y de Canarias, alcanzando a las atenciones básicas y los colectivos más afectados por la injusticia: infancia, mayores, personas en situación de exclusión social, con problemas de drogas etc.

Canarias es la segunda comunidad autónoma del Estado en la que menos se invierte en servicios sociales, de modo que el gobierno invierte 126 euros por habitante y año.

Para los Servicios Sociales se puede afirmar que en Política Social el Gobierno Canario aplica un importante recorte del 14% para 2012, por lo que se deja de invertir en servicios sociales, alcanzando los 43 millones, “lo que debemos sumar a los recortes aplicados el pasado año, sumando más de un 30% pasando de 310 millones en el año 2011 a 267 en esta previsión presupuestaria”. Por lo tanto, afirman desde el colectivo, “no son presupuestos de marcado carácter social, ni la acción social es un servicio irrenunciable, como expresan las declaraciones de responsables públicos autonómicos”.

Dentro del ámbito de las Políticas Sociales, se invierten 4 millones menos en la Dirección General de Protección al Menor y la Familia. Se invierten 76 millones menos en la Dirección General de Políticas Sociales.

Además, descienden las partidas referidas a los programas del Plan Concertado, que está dentro del Programa de Coordinación y Planificación de acción social “con un  aumento ridículo del 0,02% aproximadamente, unos 4.000 euros, cuando hablamos de que bajan partidas como el Programa de Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales con nada más y nada menos que alrededor del 5%, que se traducen en aproximadamente 600.000 euros”. En Prestaciones y otras ayudas sociales en un 34% menos (2.800.000 euros menos); Prevención e Intervención en el área de Menores y Familia en un 7% menos (2.500.000 euros menos); Fomento de la inclusión (donde está incluida la partida de la Prestación Canaria de Inserción) en un 3% menos (670.000 euros menos);En ejecución de medidas judiciales a menores en un 3% menos (850.000 euros menos); Promoción y fomento de la calidad de vida a jóvenes en un 39% menos (1.180.000 euros menos); Promoción en la igualdad de oportunidades para mujeres en un 7% menos (550.000 euros menos) y se invierten 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda.

En el estudio del gasto por funciones, advierten desde Redesscan que en Servicios Sociales y Promoción Social se invierten 667.218 euros menos. En Promoción Social 2 millones menos. En gestión de Servicios Sociales 203.316 euros menos de inversión.

● La vulneración de los derechos sociales, como consecuencia de los recortes y de la escasa atención a las Políticas Sociales, dejando sin cobertura de necesidades a personas: sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la Prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasan la tramitación de las prestaciones no contributivas, en situación de diversidad funcional que no son atendidas correctamente por un Sistema de Promoción de la Autonomía y Ayuda a la Dependencia que está a la cola a nivel nacional, etc.… Como ejemplo, los Ayuntamientos están desbordados ante la situación de la Prestación Canaria de Inserción.

El presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción se agotó en agosto y la Consejería de Bienestar Social “sólo ha habilitado partidas destinadas a sufragar el pago de las ayudas concedidas hasta ese momento, dejando a cientos de solicitantes en espera varios meses hasta enero, en que estará disponible el nuevo presupuesto”, insisten.

Según el colectivo profesional de Trabajadores Sociales sólo se cubre un 1% de la demanda, “existiendo un aumento de ésta en canarias en el contexto de crisis socioeconómica actual”.

Muchos Ayuntamientos no han logrado mantener al personal dedicado a la PCI de manera continuada, encontrando casos muy graves en los que no se tramita la prestación. Se acumulan expedientes iniciados sin completar, sin seguimientos, sin renovaciones, y no se reciben nuevas solicitudes. Esto último está en relación con que no se inician dichos expedientes porque no se le informa correctamente a la persona que lo solicita.

Además desde el análisis realizado, se detecta que hay una falta de recursos informáticos. En la mayoría de los casos, no existe dotación de equipos informáticos suficiente.

En muchas ocasiones y debido a los argumentos expuestos, los Ayuntamientos no logran cumplir con su plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, para remitir a la Dirección General los expedientes completos.

“No se están aceptando los supuestos excepcionales que contempla la Ley, para aquellos casos especiales de extrema necesidad en los que no se cumple con todos los requisitos establecidos”, argumentan.

● Desaparición progresiva de servicios sociales básicos, ayudas y prestaciones dedicadas a toda la población, especialmente a las víctimas del injusto reparto de la riqueza: ayuda a domicilio, prestaciones de ayuda económica, atención a la infancia, mujeres en situación de desigualdad, personas con diversidad funcional,…, consiguiendo el desmantelamiento y privatización del sistema público de servicios sociales, pese al aumento de la demanda en un alto porcentaje.

Exigencias al Ejecutivo

Ante esta situación, la Red afirma que “nos presentamos para cumplir con una obligación moral y ética ante tal vulnerabilidad de los derechos sociales y por tanto exigimos, el pago inmediato de todas las prestaciones y ayudas de servicios sociales concedidas y no abonadas; el freno a la destrucción y cierre de los servicios sociales en las islas, rescatando al sistema público de servicios sociales del abandono y su siempre insuficiente financiación; la dotación suficiente, estable y necesaria de los servicios sociales, incrementando el presupuesto para su desarrollo, en las diferentes administraciones públicas, estatal, autonómica y local. Entendemos que existe un inadecuada gestión del dinero público que se invierte en áreas que no son prioritarias en estos momentos y que dejan en precario el sistema de servicios sociales público; se garantice por parte de la responsabilidad pública la redistribución de la riqueza, unas rentas económicas incondicionales y básicas, el acceso a los derechos sociales, la justicia y la igualdad, para toda la población, con prioridad para aquellos colectivos más afectados”.

Redesscan además alerta que esta alarmante y gravísima situación, requiere “no sólo la eliminación de la disminución de las partidas dedicadas a Servicios Sociales, sino su aumento, hasta que la financiación sea suficiente, estable y segura para dar cobertura a las necesidades básicas de toda la población y garantice el acceso a los derechos para todas las personas”.OS DERECHOS SOCIALES, dejando sin cobertura de necesidades: a personas sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasanla tramitación de las prestaciones no contributivas, a las personas en situación de diversidad funcional a la cola en atención de España...

Presentación de informe Oficial por parte de los dos Colegios canarios

Por otro lado, las Juntas de Gobierno de los dos Colegios Oficiales de Trabajo Social existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha transmitido sus inquietudes y aportaciones desde su experiencia profesional en materia de la Ley de Servicios Sociales, la aplicación y desarrollo de la Prestación Canaria de Inserción y el acceso al Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Con respecto a la Ley de Servicios Sociales, “solicitamos que  vuelva a retomarse el trabajo iniciado dentro del marco del Consejo General de Servicios Sociales, en el que se creó una comisión de trabajo en torno a esta temática, acordándose el 6 de Julio de 2010, la creación de un grupo de trabajo que dinamizara esta iniciativa, marco en el cual se presentó el 28 Julio de 2010 un informe propuesta relativa a la iniciativa de regular una nueva Ley de Servicios Sociales elaborado por los  Colegios Profesionales que suscriben”.

De ahí que en la última reunión mantenida, el 11 de Octubre de este año, con la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, se determinó enviar dos informes específicos donde se recogen deficiencias y propuestas en torno a los dos últimos asuntos y en general sobre la grave situación que atraviesan los Servicios Sociales.

En dichos informes entregados formalmente con fecha 22 de noviembre, donde se destaca toda la información detectada a través del trabajo realizado, no solo se  recogen las deficiencias y propuestas ofrecidas por el colectivo, sino que éstos se comprometen además a dirigir sus esfuerzos en:

De un lado diseñar estrategias para reforzar la calidad de la intervención profesional, en relación a situaciones de Exclusión Social, promoviendo o colaborando para realizar acciones formativas sobre modelos de intervención; crear y mantener mesas territoriales para consensuar definición de conceptos y buenas prácticas; incentivar publicaciones en esta línea; crear grupos de trabajo específicos y  asesorar al colectivo profesional sobre cuestiones éticas.

Por otro lado, establecer relaciones de colaboración con la Consejería y/o Dirección General responsables de la aplicación y desarrollo de estas prestaciónes, para trasmitir el sentir del colectivo profesional, compartir perspectivas, y colaborar en la búsqueda de mejoras a corto plazo; obtener información que permita aclarar, contestar o superar los interrogantes expuestos; solicitar que se celebren encuentros, regulares y frecuentes, entre la Dirección General y los Ayuntamientos para resolver dudas y unificar criterios y solicitar que se articulen mecanismos que garanticen una información fluida, completa y adecuada, entre la Dirección General y los Ayuntamientos.

OS DERECHOS SOCIALES, dejando sin cobertura de necesidades: a personas sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasanla tramitación de las prestaciones no contributivas, a las personas en situación de diversidad funcional a la cola en atención de España...
DESAPARICIÓN PROGRESIVA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS, ayudas y prestaciones dedicadas a toda la población, especialmente a las víctimas del injusto reparto de la riqueza: ayuda a domicilio, prestaciones de ayuda económica, atención a la infancia, mujeres en situación de desigualdad, personas con diversidad funcional... consiguiendo el desmantelamiento y privatización del sistema público de servicios sociales, pese al aumento de la demanda en un alto porcentaje.
LA BRUTAL REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DEDICADA A LOS SERVICIOS SOCIALES, por parte del Gobierno de España (12% menos para los servicios sociales básicos y el 5% para la ley de promoción de autonomía) y de Canarias (55 millones de Euros), afectando a las atenciones básicas y a los colectivos más afectados por la injusticia: Infancia, mayores, personas en situación de exclusión social, con problemas de drogas...

Ante esta situación tenemos derechos y por tanto EXIGIMOS:

El PAGO INMEDIATO de todas las prestaciones y ayudas de servicios sociales concedidas y no abonadas.
SE FRENE LA DESTRUCCIÓN Y CIERRE DE LOS SERVICIOS SOCIALES en las islas. Rescatando al sistema público de servicios sociales del abandono y su siempre insuficiente financiación.
LA DOTACIÓN SUFICENTE, ESTABLE Y NECESARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES incrementando el presupuesto para su desarrollo, en las diferentes administraciones públicas. Porque sí hay dinero pero se invierte en otras cosas que no son prioritarias para el ser humano.

SE GARANTICE POR PARTE DE LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA la redistribución de la riqueza, unas rentas económicas incondicionales y básicas, el acceso a los derechos sociales, la justicia y la igualdad, para toda la población, con prioridad para aquellos colectivos más afectados.