Unas 800 personas se manifiestan en LPGC contra la retirada de ayudas a los centros educativos en la comarca del Sureste.
Heriberto y Monserrat han desembarcado en torno a las 18.00 de este jueves en la plaza de Rafael O'Shanagan, frente a la sede del Gobierno regional, en Las Palmas de Gran Canaria, con sus dos niños y su carrito. Son dos de los cerca de 800 padres y educadores que han llegado en ocho guaguas a la capital desde la Vega de San Mateo, Santa Lucía, Ingenio o Agüimes para exigir al Ejecutivo el mantenimiento de las ayudas para las escuelas infantiles. "La van a cerrar", comenta Heriberto, de 38 años, cuyo pequeño, de dos años y medio, aún acude a la guardería Sarantontón.
Los Ayuntamientos grancanarios llevan semanas peleando para que el Gobierno no retire la partida presupuestaria destinada a estos centros, financiados a partes iguales por la administración regional y local y por los padres. Este año, las escuelas dejarán de percibir el 33% que corresponde al Ejecutivo autonómico, lo que, en muchos casos, obligará al cierre de los centros.
"Ya pagamos casi 200 euros", se queja Monserrat, de 36 años. Si se pierde la subvención autonómica, la cuota para los padres se incrementará considerablemente. Pero ese no es el principal problema, aunque ella se ha quedado en el paro, ambos son padres trabajadores y con problemas para hacerse cargo de los niños.
El Parlamento rechazó el pasado lunes las enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2012 con los votos de los partidos que sustentan el Gobierno (CC y PSOE). El documento prevé eliminar la dotación a los Ayuntamientos para gestionar competencias que corresponden, según la Fecam, a la administración autonómica, como la rehabilitación de viviendas, la ayuda social o las escuelas infantiles. Los municipios piden, además, el dinero correspondiente a 2011, una cantidad que han cifrado en 7,3 millones de euros.
"A nosotros no nos ha llegado", denuncia Ángeles, educadora de uno de la escuela de Sardina, uno de los cuatro centros de Santa Lucía que cerrarán el 31 de diciembre si no reciben la subvención. "Si no llega el dinero la perspectiva es esa", insiste. Solo en el municipio 422 niños podrían quedarse en la calle y decenas de trabajadores pasarían "a engrosar las listas del paro".
La consejera de Empleo del Gobierno canario, Margarita Ramos, ha anunciado esta misma tarde que se tomarán medidas “positivas” para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Según un comunicado del departamento, citado por la agencia ACN, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Fecam para suscribir un convenio específico para mantener el empleo en las Escuelas Infantiles Públicas.
Sin embargo, nada parece haberse logrado para calmar la "inquietud" de los padres como Heriberto y Monserrat. El mayor de sus hijos ya va al colegio, y al pequeño, de dos años y medio, le queda apenas un curso para empezar. "Yo no peleo por él", dice Heriberto señalando el carrito donde descansa, "peleo por el que está por llegar".
Los Ayuntamientos grancanarios llevan semanas peleando para que el Gobierno no retire la partida presupuestaria destinada a estos centros, financiados a partes iguales por la administración regional y local y por los padres. Este año, las escuelas dejarán de percibir el 33% que corresponde al Ejecutivo autonómico, lo que, en muchos casos, obligará al cierre de los centros.
"Ya pagamos casi 200 euros", se queja Monserrat, de 36 años. Si se pierde la subvención autonómica, la cuota para los padres se incrementará considerablemente. Pero ese no es el principal problema, aunque ella se ha quedado en el paro, ambos son padres trabajadores y con problemas para hacerse cargo de los niños.
El Parlamento rechazó el pasado lunes las enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2012 con los votos de los partidos que sustentan el Gobierno (CC y PSOE). El documento prevé eliminar la dotación a los Ayuntamientos para gestionar competencias que corresponden, según la Fecam, a la administración autonómica, como la rehabilitación de viviendas, la ayuda social o las escuelas infantiles. Los municipios piden, además, el dinero correspondiente a 2011, una cantidad que han cifrado en 7,3 millones de euros.
"A nosotros no nos ha llegado", denuncia Ángeles, educadora de uno de la escuela de Sardina, uno de los cuatro centros de Santa Lucía que cerrarán el 31 de diciembre si no reciben la subvención. "Si no llega el dinero la perspectiva es esa", insiste. Solo en el municipio 422 niños podrían quedarse en la calle y decenas de trabajadores pasarían "a engrosar las listas del paro".
La consejera de Empleo del Gobierno canario, Margarita Ramos, ha anunciado esta misma tarde que se tomarán medidas “positivas” para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Según un comunicado del departamento, citado por la agencia ACN, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Fecam para suscribir un convenio específico para mantener el empleo en las Escuelas Infantiles Públicas.
Sin embargo, nada parece haberse logrado para calmar la "inquietud" de los padres como Heriberto y Monserrat. El mayor de sus hijos ya va al colegio, y al pequeño, de dos años y medio, le queda apenas un curso para empezar. "Yo no peleo por él", dice Heriberto señalando el carrito donde descansa, "peleo por el que está por llegar".
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