El archipiélago obtiene la segunda nota más baja de España por delante de Valencia (0,4 puntos), según el Observatorio de la Dependencia.
La Comunidad Autónoma de Canarias ha obtenido una calificación de "muy deficiente" en el desarrollo Sistema de Dependencia al registrar una nota de 2,1 puntos, la segunda más baja de España, únicamente por encima de Valencia (0,4 puntos), según el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia presentado este sábado en Madrid.
Por el contrario, las comunidades autónomas de Castilla y León (9,6 puntos), País Vasco (7,9 puntos) y Andalucía (7,5 puntos) destacan de manera notable o sobresaliente en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia.
El dictamen refleja un retroceso generalizado del sistema pasando de una puntuación media de 5 puntos en diciembre de 2011 a 4,9 puntos en junio de 2012.
Mientras, la Comunidad Valenciana (0,4 puntos), Canarias (2,1 puntos) y Baleares (2,5 puntos) obtienen la calificación de muy deficiente.
En la presentación del informe, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha señalado que la mayoría de las comunidades ha bajado su puntuación respecto a dictámenes anteriores.
El retroceso más significativo se da en regiones como Aragón (5,4 puntos), Cantabria (4,6 puntos), y Castilla La Mancha (6,3 puntos). Además, Asturias (3,8 puntos), Murcia (4,2 puntos), Madrid (4,2 puntos), Galicia (4,6 puntos), Cantabria (4,6 puntos) y Navarra (4,6 puntos) se sitúan por debajo de la media nacional y suspenden.
Extremadura sale del suspenso y aprueba con 5,4 puntos, la misma puntuación que Cataluña, en tanto que La Rioja alcanza 6,7 puntos.
Ramírez ha explicado que en el nuevo dictamen se han incorporado dos nuevos indicadores a los 10 que ya analizaba debido al retroceso que ha reflejado en el último año algunas Comunidades donde, según apunta, no se ha mantenido la Tasa de Reposición ni de los beneficiarios ni de los denominados grandes dependientes.
Las conclusiones del Observatorio señalan que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en el que se elimina el Nivel Convenido de financiación a las comunidades autónomas (283 millones de euros), supone un recorte salvaje que impide que las regiones puedan cumplir las obligaciones contraídas con las personas dependientes y con sus familias.
En este sentido, indica que la aportación del Estado a las Comunidades Autónomas se ha ido reduciendo cada año hasta aportar en el presente ejercicio el 25 por ciento de los costes netos de atención "cuando debería aportar la mitad".
Según apunta, estamos en un momento crucial en el que los derechos de autonomía personal y de atención a la dependencia ejercidos ya por más de 700.000 personas están en "situación crítica". A los que hay que sumar que el 26,3 por ciento de las personas (270.000) que tenían que recibir una prestación de servicios no la reciben por estar en lista de espera.
"Aunque en el anterior dictamen obtuvo un 10, Castilla y León mantiene la nota que tenía al tener en cuenta los 12 indicadores y podría ser la referencia en la gestión e implementación del Sistema. Además los costes y eficiencia que están teniendo son tremendamente interesantes puesto que han hecho una descentralización de los servicios de la dependencia en la red municipal y de corporaciones locales", ha añadido.
Asimismo, Luis Barriga, uno de los redactores del dictamen, ha añadido que la "gran ventaja" de Castilla y León es que ya contaba con un sistema de servicios sociales "muy bien ordenado en el territorio y pactado con las entidades locales" antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, lo que ha dado posibilidades de "mejora" en la gestión y "optimización" de los recursos. También han contribuido la configuración de sistemas informáticos que han permitido agilizar la tramitación de los expedientes pendientes.
No obstante, ha señalado que a pesar de la buena calificación que ha obtenido la Comunidad también cuenta con debilidades teniendo en cuenta que la dispersión de la población puede hacer que la prestación de determinados servicios "sea más costosa".
Por el contrario, las comunidades autónomas de Castilla y León (9,6 puntos), País Vasco (7,9 puntos) y Andalucía (7,5 puntos) destacan de manera notable o sobresaliente en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia.
El dictamen refleja un retroceso generalizado del sistema pasando de una puntuación media de 5 puntos en diciembre de 2011 a 4,9 puntos en junio de 2012.
Mientras, la Comunidad Valenciana (0,4 puntos), Canarias (2,1 puntos) y Baleares (2,5 puntos) obtienen la calificación de muy deficiente.
En la presentación del informe, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha señalado que la mayoría de las comunidades ha bajado su puntuación respecto a dictámenes anteriores.
El retroceso más significativo se da en regiones como Aragón (5,4 puntos), Cantabria (4,6 puntos), y Castilla La Mancha (6,3 puntos). Además, Asturias (3,8 puntos), Murcia (4,2 puntos), Madrid (4,2 puntos), Galicia (4,6 puntos), Cantabria (4,6 puntos) y Navarra (4,6 puntos) se sitúan por debajo de la media nacional y suspenden.
Extremadura sale del suspenso y aprueba con 5,4 puntos, la misma puntuación que Cataluña, en tanto que La Rioja alcanza 6,7 puntos.
Ramírez ha explicado que en el nuevo dictamen se han incorporado dos nuevos indicadores a los 10 que ya analizaba debido al retroceso que ha reflejado en el último año algunas Comunidades donde, según apunta, no se ha mantenido la Tasa de Reposición ni de los beneficiarios ni de los denominados grandes dependientes.
Las conclusiones del Observatorio señalan que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en el que se elimina el Nivel Convenido de financiación a las comunidades autónomas (283 millones de euros), supone un recorte salvaje que impide que las regiones puedan cumplir las obligaciones contraídas con las personas dependientes y con sus familias.
En este sentido, indica que la aportación del Estado a las Comunidades Autónomas se ha ido reduciendo cada año hasta aportar en el presente ejercicio el 25 por ciento de los costes netos de atención "cuando debería aportar la mitad".
Según apunta, estamos en un momento crucial en el que los derechos de autonomía personal y de atención a la dependencia ejercidos ya por más de 700.000 personas están en "situación crítica". A los que hay que sumar que el 26,3 por ciento de las personas (270.000) que tenían que recibir una prestación de servicios no la reciben por estar en lista de espera.
"Aunque en el anterior dictamen obtuvo un 10, Castilla y León mantiene la nota que tenía al tener en cuenta los 12 indicadores y podría ser la referencia en la gestión e implementación del Sistema. Además los costes y eficiencia que están teniendo son tremendamente interesantes puesto que han hecho una descentralización de los servicios de la dependencia en la red municipal y de corporaciones locales", ha añadido.
Asimismo, Luis Barriga, uno de los redactores del dictamen, ha añadido que la "gran ventaja" de Castilla y León es que ya contaba con un sistema de servicios sociales "muy bien ordenado en el territorio y pactado con las entidades locales" antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, lo que ha dado posibilidades de "mejora" en la gestión y "optimización" de los recursos. También han contribuido la configuración de sistemas informáticos que han permitido agilizar la tramitación de los expedientes pendientes.
No obstante, ha señalado que a pesar de la buena calificación que ha obtenido la Comunidad también cuenta con debilidades teniendo en cuenta que la dispersión de la población puede hacer que la prestación de determinados servicios "sea más costosa".
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