Los directores de los servicios sociales españoles proponen crear la figura de la "persona sobreendeudada en situación de riesgo" y elaborar programas de reflotamiento para impedir que miles de familias terminen en la calle. "Lo que no se gaste en protección social tendrá que gastarse en seguridad ciudadana", advierten.
La Asociación estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales ha elevado una propuesta al Gobierno, a la Comisión de Justicia del Congreso y a la Defensora del Pueblo para responder a los ciudadanos desahuciados o al borde de perder su vivienda que consiste en la creación de una figura de protección, la "persona sobreendeudada en situación de riesgo" y la articulación de medidas como planes de reflotamiento familiar para evitar que acaben en la calle y en la ruina.
La propuesta, difundida ayer por su autor, el trabajador social y consultor Luis Barriga, pide "una nueva legislación en materia de saneamiento de la deuda de particulares" para "posibilitar que las familias en quiebra económica puedan afrontar sus deudas a través de moratorias, planes de reflotamiento económico familiar y acciones preventivas de la exclusión y de la economía sumergida".
Según Barriga, "no se comprende cómo un país donde una de cada tres familias no puede afrontar ningún gasto imprevisto, donde una de cada cinco personas están ya bajo el umbral de la pobreza y donde se han producido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias y 150.000 lanzamientos en dos años, se mantiene la paz social", sobre todo considerando que hay más de 5 millones de parados y que, al contrario que en el resto de países de la OCDE, los particulares que se arruinan se encuentran en una "desprotección jurídica absoluta".
Sobre este asunto, incidió en que en el resto de Europa existen "siempre" fórmulas ante la quiebra de personas físicas y procesos similares al de las empresas que declaran el concurso de acreedores. Sin embargo, en España no existe protección ni tutela para los ciudadanos en quiebra, porque la responsabilidad patrimonial es ilimitada, de manera que si una empresa liquida, después se extingue, pero las deudas de una persona física, aunque fallezca, "persiguen a sus hijos".
Los expertos consideran que la cohesión social se mantiene por la resistencia de las familias y destacan que, por ello, "los primeros en caer han sido los inmigrantes". Sin embargo, vaticinan un desmoronamiento a medio plazo, ya que "las redes familiares no soportarán el alargamiento de la crisis" y lo que empezó como un goteo ya "ha dejado de ser anecdótico" y se convertirá en "una lluvia de dramas familiares".
Ramírez añadió a este panorama los recortes en políticas sociales que las administraciones públicas están acometiendo, aun cuando España ya tiene "el sistema de protección más débil" del entorno europeo. Por eso, advirtió de que "todo lo que no se gaste el Gobierno en protección social es dinero que el Estado va a tener que gastar en seguridad ciudadana".
"No se trata de condonar deudas sin más", puntualizó Barriga, que recalcó que todo ciudadano "tiene la obligación" de cumplir los contratos, pero "dentro de los márgenes que permite cada momento".
Esta "bomba de relojería" no estallará, según la asociación, si se adoptan "medidas urgentes" de protección enmarcadas en la reforma de la Ley Concursal, como la creación de la figura jurídica de la "persona sobreendeudada en situación de riesgo".
La Asociación estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales ha elevado una propuesta al Gobierno, a la Comisión de Justicia del Congreso y a la Defensora del Pueblo para responder a los ciudadanos desahuciados o al borde de perder su vivienda que consiste en la creación de una figura de protección, la "persona sobreendeudada en situación de riesgo" y la articulación de medidas como planes de reflotamiento familiar para evitar que acaben en la calle y en la ruina.
La propuesta, difundida ayer por su autor, el trabajador social y consultor Luis Barriga, pide "una nueva legislación en materia de saneamiento de la deuda de particulares" para "posibilitar que las familias en quiebra económica puedan afrontar sus deudas a través de moratorias, planes de reflotamiento económico familiar y acciones preventivas de la exclusión y de la economía sumergida".
Según Barriga, "no se comprende cómo un país donde una de cada tres familias no puede afrontar ningún gasto imprevisto, donde una de cada cinco personas están ya bajo el umbral de la pobreza y donde se han producido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias y 150.000 lanzamientos en dos años, se mantiene la paz social", sobre todo considerando que hay más de 5 millones de parados y que, al contrario que en el resto de países de la OCDE, los particulares que se arruinan se encuentran en una "desprotección jurídica absoluta".
Sobre este asunto, incidió en que en el resto de Europa existen "siempre" fórmulas ante la quiebra de personas físicas y procesos similares al de las empresas que declaran el concurso de acreedores. Sin embargo, en España no existe protección ni tutela para los ciudadanos en quiebra, porque la responsabilidad patrimonial es ilimitada, de manera que si una empresa liquida, después se extingue, pero las deudas de una persona física, aunque fallezca, "persiguen a sus hijos".
Los expertos consideran que la cohesión social se mantiene por la resistencia de las familias y destacan que, por ello, "los primeros en caer han sido los inmigrantes". Sin embargo, vaticinan un desmoronamiento a medio plazo, ya que "las redes familiares no soportarán el alargamiento de la crisis" y lo que empezó como un goteo ya "ha dejado de ser anecdótico" y se convertirá en "una lluvia de dramas familiares".
Ramírez añadió a este panorama los recortes en políticas sociales que las administraciones públicas están acometiendo, aun cuando España ya tiene "el sistema de protección más débil" del entorno europeo. Por eso, advirtió de que "todo lo que no se gaste el Gobierno en protección social es dinero que el Estado va a tener que gastar en seguridad ciudadana".
"No se trata de condonar deudas sin más", puntualizó Barriga, que recalcó que todo ciudadano "tiene la obligación" de cumplir los contratos, pero "dentro de los márgenes que permite cada momento".
Esta "bomba de relojería" no estallará, según la asociación, si se adoptan "medidas urgentes" de protección enmarcadas en la reforma de la Ley Concursal, como la creación de la figura jurídica de la "persona sobreendeudada en situación de riesgo".
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