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MANIFIESTO MAREA NARANJA ESTATAL



EN DEFENSA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA  EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Tras más de un lustro, la profunda crisis económica, la pobreza y la exclusión se agudizan en la sociedad española. Que el estado social  está más deteriorado que hace un año, es algo intuitivo, que todos los indicadores confirman. Y frente a esta situación, las políticas sociales, más necesarias que nunca, están en un retroceso generalizado, cuando no, en proceso de demolición.
La primera referencia política para entender la actual situación es de carácter puramente conceptual e ideológico, quizá una causa primera, estamos hablando de la filosofía ultraliberal imperante que establece que no hay alternativa. De esta derivan otras tres causas políticas más concretas que surgen, fundamentalmente como consecuencia de la primera; políticas que usan al Estado como interviniente en las relaciones de poder social y económico, en tres momentos temporales en relación con el hecho productivo de la riqueza: se trata de la política laboral y el modelo de crecimiento, que establece el campo en el que se desarrollan las relaciones de poder empresariado-trabajadoras y que se produce antes de la propia producción de la riqueza, la política fiscal, que establece la intervención del Estado en el equilibrio de la riqueza adquirida una vez producida en forma de apropiación del Estado de una parte de los ingresos para su funcionamiento, y finalmente la política social a través de la que se busca el reequilibrio de la situación social y económica a través del gasto público

Los devastadores efectos de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía y atención a personas en situación de Dependencia
En relación con la Ley de Dependencia, las eufemísticamente llamadas “reformas para la mejora del sistema” y muy especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio de año 2012, no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas. Los datos oficiales indican, sin lugar a dudas, que de la paralización del sistema se está pasando a su involución.
Creemos que las deficiencias detectadas deben servir como impulso para la mejora. Nos parece indignante que el propio Ministerio sea el que desprestigia esta política social culpando a las CCAA e incluso criminalizando a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Es perverso y cruel destrozar el Sistema para luego hacernos creer que es “insostenible” y vender así unas reformas futuras “salvadoras”. Hay más de un millón personas que dependen de apoyos para su vida y cuyos derechos se conculcan día a día. Exigimos el cumplimiento de la Ley. Entendiendo la atención a las personas en situación de dependencia  como una apuesta absolutamente necesaria desde el punto de vista de los derechos sociales y del sostenimiento del Estado del Bienestar.
El profundo deterioro del Sistema de Servicios Sociales
La continua y acusada demolición de los servicios sociales no es inocua, y tiene como consecuencia un incremento de las situaciones de pobreza y exclusión social. Así se pone de manifiesto al comparar los resultados del desarrollo del Sistema de Servicios Sociales con los indicadores que usa Naciones Unidas para medir la pobreza en países desarrollados.
El desmantelamiento del Sistema de Servicios Sociales puede sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la aplicación de la Reforma de Régimen Local, que reduce las competencias locales a una mínima expresión
Pero quizá lo más preocupante es la forma en que se están llevando a cabo estos recortes y estas reformas, ya que se ha tratado de modificar las claves conceptuales mismas del Estado Social.

La desigualdad y la precariedad en las condiciones de vida actual, provocada porel sistema financiero capitalista-neoliberal y la acumulación de la riqueza cada vez en menos manos, nos está empobreciendo a todos y todas y está sirviendo como excusa al Gobierno de España  para recortar la inversión social, echando por tierra las conquistas que en materia de educación, sanidad,justicia, protección social y servicios sociales hemos ido logrando.

El Estado de Bienestar, en el estado español, se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: Sanidad, Educación, Pensiones y Sistema Público de Servicios Sociales. Pilares que ven tambalearse sus cimientos a causa de la aprobación de medidas que reducen el gasto social, que abogan por un modelo privatizador y que son sometidos a continuos desmantelamientos. Esto da lugar  a un cambio en el modelo establecido en el que se  disminuye tanto  la  cantidad como la calidad de la atención social que recibe la ciudadanía.
Los treinta años de desarrollo de los Servicios Sociales enmarcados en la defensa de los Derechos Sociales con criterios de universalidad, igualdad, redistribución y proximidad, están sufriendo una larga trayectoria de desmantelamiento y privatización en todas sus áreas. Por ello, es imprescindible un Sistema Público de Servicios Sociales que garantice los principios de igualdad, universalidad y  responsabilidad pública que infunde  el actual  modelo de Servicios Sociales, con garantía de derechos para todos y todas y que se aleje de prácticas asistencialistas y graciables.
Ante todo esto...
La marea naranja nos hemos constituido  como un movimiento ciudadano dispuesto a responder a estas políticas injustas y crueles, vinculándonos a una política de defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Nos comprometemos a luchar para conseguir estos objetivos:
·      Visibilizar la situación de vulneración de derechos  humanos  y sociales en el Estado Español, incidiendo en las políticas sociales públicas.
·      Denunciar el desmantelamiento del sistema público de servicios sociales, que puede sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la aplicación de la Reforma de Régimen Local, que reduce las competencias locales a una mínima expresión.
·       Evidenciar los devastadores efectos de la reforma de la Ley de promoción a la autonomía y la  atención a las personas en situación de Dependencia, que tras las llamadas reformas para la mejora del sistema no han hecho sino recortar derechos efectivos, reducir financiación y criminalizar a las personas dependientes y familias.
·      Concienciar sobre la situación de desigualdad existente en la distribución y reparto de la riqueza y la necesidad de lucha organizada.
·      Facilitar y contribuir a la organización colectiva contra los recortes de derechos y libertades.
·      Proponer y construir alternativas justas, con expectativas de futuro.
·      Movilizarnos y trabajar conjuntamente  con otras organizaciones de la sociedad política, siendo un medio de participación ciudadana para construir democracia real.
En definitiva nos comprometemos a luchar por la dignidad y los derechos de todas las personas.
Queremos
·      Un sistema social, donde todas las personas puedan disponer de los medios y recursos necesarios para vivir dignamente. Donde estén reconocidos los derechos sociales básicos como derechos subjetivos universales, exigibles legalmente por los ciudadanos y según la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este nuevo modelo la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, debe estar subordinada el interés general (art.128 c.e.), al interés de la ciudadanía.
·       Un sistema donde la democracia sea real y participativa, donde los gobiernos no estén al servicio de las grandes corporaciones financieras, tal y como sucede actualmente.
·      Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar. Retirada  e incumplimiento de la  reforma del artículo 135 de la Constitución Española, para fijar estrictas limitaciones al déficit y a la deuda.
·      Defender lo público, lo de todos y todas. Políticas sociales y económicas que favorezcan el desarrollo de todas las personas, por el reparto de la riqueza y la garantía pública del cumplimiento de los derechos.Defendemos la intervención pública como garantía de derechos y de inversión social y económica para el futuro de la ciudadanía. Por el contrario, el servicio privado busca un beneficio económico, una rentabilidad en función de las leyes del mercado, y como resultado se comercializa con las dificultades y necesidades  humanas más básicas.
·      Manifestar nuestro rechazo a los recortes en las políticas sociales de apoyo a las personas en situación de dependencia,a las personas enfermas, a la infancia, adolescencia, a las familias...y a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social; a los recortes injustificables de presupuesto y de personal que se han llevado a cabo y, están produciendo un detrimento en la convivencia ciudadana y en la cohesión social, largas listas de espera, ayudas insuficientes para cubrir las necesidades básicas de ciudadanos, sin expectativas de futuro y  sin ilusión. Exigimos la no aplicación de las contra reformas realizadas que ponen en extinción los servicios sociales.

·       Una Renta Básica que suponga el derecho a todas las personas  a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas y que se constituya como un derecho individual, universal e incondicional, con una cuantía suficiente. En una primera fase inmediata afectaría a todas aquellas personas que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos.

·       Revisar la política de ingresos,eliminado los privilegios a las grandes empresas , promoviendo una fiscalidad progresiva, donde paguen más quienes más tengan, perseguir el fraude fiscal  y no pagar la deuda pública. Exigir la inversión del gasto militar en necesidades y derechos sociales.

·      Un sistema público de ss.ss. de gestión pública y colectiva. Por la titularidad y gestión pública de los recursos (aumento de plazas públicas en los centros), garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para una atención de calidad, a la que todos y todas tenemos derecho.
·      Unos servicios sociales universales, como derecho subjetivo y participativos. Donde se ponga al centro a la persona para el desarrollo personal y colectivo y no a los intereses del capital. Que se cumplan los objetivos de este sistema de bienestar social: redistribución y satisfacción de las necesidades para todas. Que garantice los derechos.
·      Defender la intervención social como una inversión social y económica,  que genera justicia social; así priorizar la inversión social, dedicando más para el desarrollo y fortalecimiento de todos los servicios públicos.Implantar fórmulas de financiación objetivas, estables, justas y todo garantizado por Ley.
·      Defendemos una intervención social con profesionales, empleado público,  bien preparada/o,  para que acompañe al ciudadano en las diferentes etapas de su vida en las que pueda necesitar de un apoyo social, garantizando una continuidad y que dicho apoyo se dé en las mismas condiciones de igualdad para todos y todas.

·      Por un convenio colectivo unitario que englobe a todo el sector de la intervención social.
Este  manifiesto va dirigido a todos/as aquellos/as que, como nosotros/as estén comprometidos en esta lucha de ideas y palabras, a contra corriente, para recuperar una opinión pública mayoritaria a favor de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad.Combatir conceptos y valores en la sociedad es tarea de largo recorrido; lo sabemos. Y tenemos enfrente toda la poderosa maquinaria mediática y de poder.Pero no hay excusa para no estar y perseverar en ello.Somos, ni más ni menos, un eslabón más en esta historia interminable en pos de una sociedad justa y solidaria, en la que todos los seres humanos seamos libres para construir y disfrutar de nuestros proyectos vitales.
Una sociedad en la que tantos hombres y mujeres de todos los tiempos y en todos los lugares, han soñado y por la que han luchado. Vale la pena

¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PUBLICOS Y DE CALIDAD!
¡POR LOS DERECHOS HUMANOS y la JUSTICIA SOCIAL!
¡NO A LA BENEFICIENCIA, NO A LA CARIDAD!
¡SIN SERVICIOS SOCIALES NO HAY JUSTICIA SOCIAL!

14 de Febrero de 2014





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La crisis económica iniciada en 2008 ha puesto de manifiesto la fragilidad del Estado de Bienestar Español y sus dificultades de financiación pública debido en parte a la presión encaminada a desmantelar buena parte de los sistemas de protección social, entres ellos los servicios sociales. Además, el imperativo de consolidación fiscal ha forzado la introducción de cambios de urgencia en numerosas áreas de bienestar, entre ellos los servicios sociales, acompañados de ajustes y trasvases de gasto social.
Asimismo, aunque estos cambios han afectado a los distintos modelos de regímenes de bienestar (continental, liberal, socialdemócrata y mediterráneo) estudios señalan grandes diferencias en las reformas adoptadas en sus políticas sociales y sistemas fiscales (Del Pino y Rubio, 2013; Moreno, L. Del Pino, E. Marí-Klose, P y Moreno-Fuentes, F.J. , 2014; Ruiz-Huerta, Ayala y Loscos, 2015).
Por otro lado, no se ha tenido en cuenta suficienteme…