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Comunicado
de prensa
Los despidos de
trabajadores sociales de los ayuntamiento ponen en peligro la Prestación
Canaria de Insersión
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Los Colegios de Trabajo Social de Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife denuncian
que los ayuntamientos han comenzado a prescindir de los trabajadores sociales
encargados de tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI). De hecho, se
han suprimido profesionales en los municipios de Santa Cruz de Tenerife,
Güímar, Puerto de la Cruz, El Rosario, Tacoronte, Valverde y Frontera, así como
casi todos los de La Gomera y La
Palma. También
están afectados los municipios grancanarios de Telde, Santa Lucía de Tirajana, Agaete, Mogán, Moya, Guía o Gáldar, los majoreros
de La Oliva, Betancuria y Antigua en Fuerteventura y el lanzaroteño de
Teguise.
Ambos Colegios explican que la gestión de las PCI, ayudas
básicas de la Administración autonómica para personas y familias que carecen de
cualquier otro ingreso, requieren de un proceso de evaluación y control
estrictos que llevan a cabo los trabajadores sociales, por lo que no se
entiende que, precisamente en estos momentos con una tasa de desempleo superior
al 33% en el Archipiélago y con más de 125.000 canarios que carecen de
prestación alguna, los ayuntamientos se deshagan de unos profesionales
conocedores de la realidad municipal y con experiencia en la tramitación de
estas ayudas.
La presidenta del Colegio de
Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Belén
Luis, califica de “incomprensible” que los ayuntamientos, que son precisamente
la administración más cercana y a la que recurren los ciudadanos cuando ya han
agotado todos los recursos, tomen medidas que disminuyen los servicios que les
prestan a sus vecinos justo cuando reconocen que sus servicios sociales están
colapsados por la dura crisis económica.
En este sentido, resalta que a esta política municipal de
recortes se añade que “el de Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2013 no solo disminuye las
partidas asignadas a la PCI, sino que además prevé un cambio en la Ley de, que
suponen desmantelar de forma encubierta la Prestación Canaria de Inserción”.
En su opinión, está fuera de toda lógica que se merme la
asignación de la Comunidad Autónoma ( 17 millones de euros menos para servicios
sociales este año), se incrementen las trabas burocráticas y se dejen sin
asesoramiento profesional a los canarios que más lo necesitan.
Por
su parte, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas,
David Muñoz, considera que "los canarios ven mermado su acceso a los
recursos básicos de los servicios sociales por el desconcierto en la
financiación" y añade que “en estos momentos los responsables de las diferentes
instituciones están reconociendo públicamente que desconocen qué presupuestos
van a recibir de otras instancias en 2013”.
Muñoz
añade que “los recortes de personal en servicios sociales cuando está
aumentando la demanda de los mismos provocan que se retrase la tramitación de
los expedientes y se incumplan los plazos previstos de forma permanente”.
Los
trabajadores sociales canarios instan a todas las administraciones a mediar las
consecuencias de unos recortes que van dirigidos a dejar sin protección a las
personas con mayor índice de vulnerabilidad y requieren a los ayuntamientos a
que midan el coste social de dejarlas sin asistencia. Finalmente, recuerdan que
las administraciones públicas están obligadas por Ley a atender los derechos sociales
de la población y que el argumento de la crisis no puede servir de excusa para
dejarlas sin protección.
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