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Comunicado de prensa

Los despidos de trabajadores sociales de los ayuntamiento ponen en peligro la Prestación Canaria de Insersión

Los colegios profesionales de Canarias creen que se están violando los derechos sociales de los más necesitados


Los Colegios de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife denuncian que los ayuntamientos han comenzado a prescindir de los trabajadores sociales encargados de tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI). De hecho, se han suprimido profesionales en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Güímar, Puerto de la Cruz, El Rosario, Tacoronte, Valverde y Frontera, así como casi  todos los de La Gomera y La Palma. También están afectados los municipios grancanarios de Telde, Santa Lucía de Tirajana, Agaete, Mogán, Moya, Guía o Gáldar, los majoreros de La Oliva, Betancuria y Antigua en Fuerteventura y el lanzaroteño de Teguise. 
Ambos Colegios explican que la gestión de las PCI, ayudas básicas de la Administración autonómica para personas y familias que carecen de cualquier otro ingreso, requieren de un proceso de evaluación y control estrictos que llevan a cabo los trabajadores sociales, por lo que no se entiende que, precisamente en estos momentos con una tasa de desempleo superior al 33% en el Archipiélago y con más de 125.000 canarios que carecen de prestación alguna, los ayuntamientos se deshagan de unos profesionales conocedores de la realidad municipal y con experiencia en la tramitación de estas ayudas.
La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Belén Luis, califica de “incomprensible” que los ayuntamientos, que son precisamente la administración más cercana y a la que recurren los ciudadanos cuando ya han agotado todos los recursos, tomen medidas que disminuyen los servicios que les prestan a sus vecinos justo cuando reconocen que sus servicios sociales están colapsados por la dura crisis económica.

En este sentido, resalta que a esta política municipal de recortes se añade que “el de Presupuestos del Gobierno de Canarias  para 2013 no solo disminuye las partidas asignadas a la PCI, sino que además prevé un cambio en la Ley de, que suponen desmantelar de forma encubierta la Prestación Canaria de Inserción”.

En su opinión, está fuera de toda lógica que se merme la asignación de la Comunidad Autónoma ( 17 millones de euros menos para servicios sociales este año), se incrementen las trabas burocráticas y se dejen sin asesoramiento profesional a los canarios que más lo necesitan.

Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas, David Muñoz, considera que "los canarios ven mermado su acceso a los recursos básicos de los servicios sociales por el desconcierto en la financiación" y añade que “en estos momentos los responsables de las diferentes instituciones están reconociendo públicamente que desconocen qué presupuestos van a recibir de otras instancias en 2013”.

Muñoz añade que “los recortes de personal en servicios sociales cuando está aumentando la demanda de los mismos provocan que se retrase la tramitación de los expedientes y se incumplan los plazos previstos de forma permanente”.  


Los trabajadores sociales canarios instan a todas las administraciones a mediar las consecuencias de unos recortes que van dirigidos a dejar sin protección a las personas con mayor índice de vulnerabilidad y requieren a los ayuntamientos a que midan el coste social de dejarlas sin asistencia. Finalmente, recuerdan que las administraciones públicas están obligadas por Ley a atender los derechos sociales de la población y que el argumento de la crisis no puede servir de excusa para dejarlas sin protección.


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