Luis Pérez, profesor de geografía, presentador del acto y representante de Izquierda Unida aseguró que su participación en la organización del acto no se hizo esperar desde que Luis Dávila les contó de primera mano la situación que vivían muchas personas en el municipio, “desconocía cómo estaba realmente la situación y tras las reuniones que empezamos a hacer desde el movimiento 15 M surgido en el municipio, y Luis nos narró sus experiencias personales por supuesto pensamos que era necesario realizar alguna movilización que llamara la atención de los poderes públicos”. Pérez admitió haber contado con el apoyo de muchos vecinos incluso de otros municipios del norte para la difusión del acto, y el apoyo de otros partidos políticos, “dado que se trata del momento de dar un paso adelante en este sentido”.
Elena Henríquez, Vicepresidenta Primera del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas confirmó que cómo se había invitado a Redesscan a participar en el acto y el órgano diplomado pertenece a la misma “estamos aquí hoy para apoyar sin duda alguna, para visibilizar la realidad que se está viviendo, y en qué medida los recortes presupuestarios y en concreto la no aplicación de la Ley de dependencia está afectando a la población canaria.”, Henríquez matizó además que existen alternativas, propuestas que ellos van a seguir defendiendo en cualquier parte del Archipiélago donde se les reclame su apoyo.
Gisela Rivero en representación de Redesscan expresó su deseo de que las personas que se han acercado a la plaza reclamen los derechos, “la única manera que hay de ganar esta batalla es tomando las calles y yendo a los juzgados no hay otra”.
Por su parte, Ana Dionisio, vocal y representante del Consejo General que reúne a los 37 colegios de trabajadores sociales y a más de 50 mil trabajadores y trabajadoras a nivel estatal, aseguró que su presencia venía a reconocer que los trabajadores y trabajadoras sociales de este país, y no sólo de Canarias, “somos como los sensores de todo lo que está ocurriendo en este momento por la crisis y que los últimos Presupuestos Generales son los más agresivos contra los derechos sociales y nuestra profesión consiste en garantizar el cumplimiento de esos derechos sociales básicos de la ciudadanía y entendemos que no podemos estar al margen de esta realidad”. En este sentido Dionisio concretó que desde el Consejo General se ha enviado una enmienda con varias propuestas a la cúpula política del país, de las comunidades autónomas y a la Federación Canaria de Municipios “para que se reponga la financiación del Plan Concertado porque desde 2011 hasta ahora ha bajado más de un 50%, más de la mitad de la financiación que era la base con la que se tenía que poner en marcha las prestaciones en los municipios”. Afirmó que se unirán a todos los colectivos y partidos políticos que haga falta e irán a cualquier rincón del Estado donde sea necesario reivindicar los derechos sociales básicos para la ciudadanía.
El movimiento ciudadano afirma que la situación social y económica de Canarias que posee un nivel de desempleo de más del 31% de la población activa, y con un tercio de la población por debajo del umbral de la pobreza, sumado a los recortes presupuestarios para la aplicación de la ley de dependencia “suponen un aumento de la población en situación de exclusión social”.
Dávila en su intervención hizo un recorrido por algunos de los casos reales con los que se ha ido encontrando en el municipio, con casos concretos como el de una señora mayor sin recursos a al que tenían que bañar en condiciones infrahumanas, o cómo a la señora que con un hijo sin brazos ni piernas se le reconocen las ayudas básicas y a su hijo no, teniendo que volver a iniciar todo el trámite ante los técnicos.
Elevando el tono de su voz, confirmó que muchos políticos saben lo que está pasando ”y tenemos el derecho a ser atendidos desde que nacemos como personas con dignidad y pido que no pidamos nada sino, que exijamos”, concluyó entre fuertes aplausos.
Una de las cosas que recoge el manifiesto leído en este día concreta que ”Manifestamos nuestro rechazo a los recortes presupuestarios, en especial en los programas de servicios sociales, al tiempo que denunciamos los presupuestos del PGE del próximo año 2012, porque suponen, también y como en muchos otros capítulos, una involución en las políticas sociales”.
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