En 2017 Redesscan presentó
una comunicación en el III Congreso de Trabajo Social de Aragón, bajo el título
“Efectos de la corrupción en el estado de bienestar español. Un acercamiento a
su impacto en los servicios sociales en las comunidades autónomas” ya que percibíamos
que los estudios sobre el impacto de la corrupción sólo estimaban su impacto
económico, pero no sus costes sociales.
Así,
algunos estudios estiman el coste económico de la corrupción en España en
10.500 millones de € anuales y otros en torno a los 47.500 millones en
sobrecostes por un deficiente sistema de contratación
pública que no garantiza la competencia, entendiendo la dificultad de distinguir
entre sobrecoste y corrupción. Desde REDESSCAN estimamos el coste en 87.002
millones de € anuales, pero el informe “The Costs of Corruption Acroos the EU” publicado
por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, cuyos datos se basan en el
informe “The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption” (que
estima el impacto a través de diferentes modelos econométricos en tres escenarios
diferenciados), aumentaban la cifra a 90.000 millones de euros anuales en el
peor escenario, que estima su impacto en relación a la perdida en el PIB debido
a los niveles de la misma.
Por
otro lado, para la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de investigaciones
económicas (Ivie), en su informe “Los costes económicos del déficit de calidad
institucional y la corrupción en España” aumentar la calidad institucional en
España aumentaría el PIB per cápita alrededor del 20% en un período de unos 15
años.
Sin embargo, estas cifras
por sí solas no aclaran el impacto que la corrupción tiene en los estados del
bienestar. Sí bien, para el FMI, en su informe “Corruption: Costs and
Mitigating Strategies”, los efectos sociales de la corrupción son los
siguientes: Bajos resultados en las Políticas Sociales; Niveles bajos en los
indicadores de educación y salud, ya que la corrupción puede distorsionar la
asignación de fondos dentro de los sistemas de salud y educación; Ineficiencias
en la prestación de servicios sociales, debido al desvío de fondos de programas
contra la pobreza tanto hacía grupos de la población relativamente ricos como a
individuos y grupos bien conectados, disminuyendo el impacto de los programas
sociales en la distribución del ingreso y la pobreza.
Por otra parte, para Bo
Rothstein, responsable del Quality of Government Institute, en uno de los
documentos del instituto (2010) diferencia entre los distintos países (regiones),
agrupándolos en: los que cuentan con programas estatales de bienestar amplios y
sobre todo universales, bajos niveles de corrupción, alto grado de confianza
social y altos niveles de felicidad y bienestar social; y, viceversa, países
con sistemas de bienestar más restrictivos, con mayores niveles de corrupción,
menores niveles de confianza social, bienestar social y felicidad. Para el
mismo autor la calidad institucional es una variable a tener en cuenta ya que
las instituciones públicas deberían de ser las encargadas de realizar un control
sobre el ejercicio de los políticos.
En este sentido, el Quality
of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo ha realizado tres
estudios sobre la calidad institucional, en 2010, 2013 y 2017 respectivamente. Para
ello elaboraron el European Quality of Government Index (EQI). Un índice que calcula
la calidad de 21 países europeos y 202 regiones. El EQI se subdivide en tres
indicadores: calidad de los servicios públicos, el grado de imparcialidad de
las instituciones y el grado de corrupción. En él último índice Canarias retrocedía
hasta el puesto 152, con datos similares a Eslovaquia y Hungría, pero, además,
lo hacía en todos los indicadores: calidad de los servicios públicos,
imparcialidad de las instituciones y en el grado de corrupción, donde obtenía
la peor puntuación, 35,2 sobre 100, en niveles muy similares a regiones de la República
Checa. Además, según el estudio “Relación entre corrupción y satisfacción” el
coste de la corrupción per cápita mensual en Canarias es 79,07 €.
Pero
volviendo a la pregunta, ¿cómo afecta la corrupción a nuestro estado del
bienestar? Si volvemos a los datos del informe “The Costs of Corruption Acroos
the EU” que sitúa el coste económico para España en 90.000 millones de euros
anuales, el impacto de la corrupción en nuestras políticas sociales es de: 4
veces el tamaño del presupuesto anual para desempleados; más del 90% del
presupuesto total de sanidad; el 88% del gasto en personas mayores; casi 295
veces más grande que la cantidad gastada por el gobierno en el presupuesto de
vivienda; más de 11 veces el tamaño de todo el presupuesto para la familia y
los niños; más de 3 veces el presupuesto para enfermedad; por último, España
gasta 43 mil millones de euros en educación, y más del doble de esta cantidad
se pierde por corrupción cada año. De hecho, el dinero perdido por la
corrupción es casi la mitad del presupuesto anual total del gasto social.
Para
Canarias no existen datos, sobre qué impacto tiene la corrupción en nuestras
políticas sociales. Empero, según el premio de investigación del CES “Los
Modelos Sociales Autonómicos en el contexto español”, donde colaboraron las
profesoras de la ULPG, Ana Cano Ramírez y Miren Koldobike Velasco Vázquez, Canarias
presenta un contexto favorable para aumentar sus políticas sociales, sin
embargo, ocupa una posición considerada como muy mala, teniendo los peores
indicadores en políticas sociales de todo el país. Tampoco hay que olvidar que
Canarias tiene los peores datos en casos de corrupción de España.
David Rodríguez Espino, Miembro de Redesscan, 29 de enero de 2019
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