Aunque se han intentado vender como los presupuestos de la recuperación económica, los actuales presupuestos generales del Estado llegan con regalos envenenados y nuevos ataques a las personas y colectivos más empobrecidos.
En primer lugar, el esfuerzo en gasto público será el menor en un lustro, suponiendo solo un 41,3% del PIB. Buena parte del esfuerzo en gasto público se lo comerá la inflación, que el consenso sitúa este año por encima del 2%. Según la Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, "el mayor crecimiento del PIB nominal tendrá implicaciones positivas sobre la evolución de las bases imponibles, permitiendo un incremento de la recaudación sin que se aumente la presión fiscal. Así, la ratio ingresos públicos/PIB se situará ligeramente por encima del 38 por ciento, siendo también inferior a la media la UE." No hay que olvidar que España es de los países con menor recaudación de impuestos en relación a su riqueza nacional (PIB) y el segundo de Europa occidental con menores ingresos tributarios. (Eurostat, 2015). Recauda 5,4 puntos de PIB menos que la media de los 28 países de la UE y 6,8 puntos de PIB por debajo de lo que lo hacen los 19 estados del euro. Sin embargo, la actual política fiscal del gobierno tiene como objetivo una devaluación fiscal en la que, con la misma presión fiscal, los impuestos indirectos (que son los que más gravan el consumo y a la mayoría de la población) toman mayor peso que los impuestos directos, con un sistema fiscal cada vez más regresivo (pagando más los que menos tienen y no los que tienen más).
En segundo lugar, la Comisión Europea obliga a España a reducir su déficit al 3,1 por ciento a finales de este año, lo que implica un nuevo ajuste de 14.250 millones de euros. Así, según la Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017: " el ajuste fiscal que se plantea para este año equivale a 1,2 puntos de PIB, para reducir el déficit público desde el 4,3 por ciento registrado en 2016, al 3,1 por ciento previsto para 2017, para después reducirlo al 2,2 por ciento en 2018 y al 1,3 por ciento en 2019, tal y como se aprobó por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 2016". Además, según la Actualización del programa de estabilidad del Reino de España (2016-2019), y a través de la reforma de la Administración Local (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), parte de estos recortes se llevarán a cabo a costa de la desaparición de entidades locales menores y supresión de servicios que no son de competencia local y el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de sanidad, educación y Servicios Sociales, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, esto supondrá reducir el gasto local en Servicios Sociales en más de 3.000 Millones € .
En tercer lugar, la reestructuración - reducción del empleo público tal como recoge la Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017: "En España se está llevando a cabo una importante reestructuración del empleo público con dos objetivos: concentrar el empleo público en los servicios públicos básicos y reducir la interinidad a medio plazo. En el marco del proceso de consolidación fiscal, el número de empleados públicos ha pasado de 3.234.700 en 2011 a 2.986.100 en 2016, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE, lo que supone una reducción de cerca de 250.000 personas."
En cuarto lugar, el gran problema sigue siendo la deuda pública que sigue oscilando sobre el 100 por ciento del PIB. Hacienda estima destinar alrededor de 32.171 millones de € a pagar los intereses (de la deuda pública), casi lo mismo que lo que se pagó en el 2016. Por lo que, Sanidad y Servicios Sociales todavía estarán por debajo de los niveles anteriores a los recortes ya que, aunque la dotación presupuestaria sube en esas partidas en 2,3 y 4,9 %, hasta 4.093 y 2.408 millones de euros respectivamente, no alcanza el gasto de 2011. Por ejemplo, los 4.092 millones de euros para Sanidad de 2017 son prácticamente la mitad de los que el Ejecutivo ha reservado para Defensa -7.575 millones-, y suponen ocho veces menos que la cantidad destinada a la Deuda Pública. El importe destinado a la Dependencia seguirá quedándose corto para atender las necesidades de los más de 340.000 dependientes que aún no han empezado a cobrar la ayuda que les ha sido reconocida. Según La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se abandonan a 341.301 dependientes en lista de espera y 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho, en Canarias la lista de espera en dependencia supera la media nacional, con un 45,2% .
En quinto lugar, tal como recoge la Presentación del Proyecto de PGE, 2017 dentro de "una nueva etapa de control del gasto público en la que la aplicación de la regla de gasto conllevará que el gasto nominal del conjunto de las Administraciones Públicas solo aumente como consecuencia del deflactor del PIB. De esta manera, la ratio gasto público/PIB se seguirá reduciendo, permaneciendo en niveles por debajo de la media de la UE y de las principales economías europeas". Dato que se confirma en el barómetro de reformas de la UE, de la Fundación Bertelsmann, que situa a España en el puesto 20 de la Unión Europea de los Veintiocho en políticas de prevención de la pobreza.
En sexto lugar, el Movimiento Europeo del Agua y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU) denuncian que la disposición Adicional vigésimo séptima ya que "atenta contra la autonomía municipal, limita los derechos laborales, impide la remunicipalización de los servicios públicos restringiendo drásticamente la democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados”. Dicha disposición recoge que "las Administraciones no podrán incorporar como empleados públicos a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio".
Desde Redesscan rechazamos estos presupuestos por entender que no van a dar solución a las situaciones de empobrecimiento que sufren las personas en España y, especialmente, en Canarias. Además, entendemos que el apoyo por parte de otras fuerzas políticas a estos presupuestos es un apoyo a la perpetuación de estas situaciones y que votar a favor de los mismos no es sólo un suicidio político sino, sobre todo, una profundización en el austericidio social.REDESSCAN.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 2017.
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