La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de
Servicios Sociales, se une a las reivindicaciones de la Plataforma de Empleadas
Públicas en Fraude de Ley de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Canarias y denuncia a los sucesivos responsables del Gobierno de Canarias
por el abuso cometido desde hace décadas
con miles de trabajadores y trabajadoras que se han visto sometidas a
encadenar contratos temporales en plazas que tendrían que haber sido
estructurales (imprescindibles para la prestación de un servicio público de
carácter permanente ).
El funcionamiento de la Educación, Sanidad, Servicios
Sociales, Vivienda, Servicio Canario de Empleo, Agricultura, Justicia, Cultura,
Deportes, y un largo etcétera de departamentos que se ocupan de la atención
pública de los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana han estado
sometidos, no solamente a los sucesivos recortes presupuestarios en la dotación
de medios materiales, sino en la supresión de plazas públicas absolutamente
necesarias, la nula reposición del personal jubilado y la práctica fraudulenta
de una contratación temporal para puestos de trabajo que tendrían que haber
salido a oferta de empleo público muchos años atrás.
No es de recibo que ahora se pretenda hacer borrón y
cuenta nueva y se denomine proceso de consolidación a una nueva oferta de
empleo público que obligue a más de 4000 trabajadoras a presentarse como si
fueran “nuevas aspirantes”, cuando en algunos casos superan los 20 años de
prestación de servicio en sus puestos de trabajo, vulnerando además de sus
derechos (trayectoria profesional, formación, estabilidad, años de servicio en
contacto con la ciudadanía, etc), la sentencia del Tribunal Europeo del 19 de
marzo de 2020, que considera que si hay un fraude en la contratación y ésta se
extiende en el tiempo de manera ilegal, la forma de atajarlo no es penalizar a
las trabajadoras sino más bien sancionar a la administración que lo ha causado
dictando la fijeza de estos trabajadores.
En los últimos 10 años, Redesscan ha venido planteando
a través de estudios, comunicados, encuentros y acciones diversas, nuestra
defensa de los Servicios Públicos como garantía de derechos para todas las
personas. La accesibilidad, universalidad, responsabilidad pública, la
Igualdad, equidad, solidaridad, entre otros principios inspiradores de estos
servicios, solo pueden estar garantizados a través de la fortaleza de los
Sistemas Públicos, con medios materiales, económicos y personales suficientes
que puedan hacer frente a situaciones de crisis, como la que vivimos en la
actualidad con la pandemia , y las que vivimos a diario en un sociedad como la
nuestra en la que la desigualdad, el riesgo de exclusión social y la pobreza severa, alcanzas cifras
intolerables e injustas desde hace tiempo.
El Gobierno de Canarias no puede poner en riesgo a miles de trabajadoras y trabajadores públicos por la ineficacia, irresponsabilidad y fraude que han provocado durante años desmantelando lo público en favor de externalizaciones y privatizaciones que han precarizado y convertido en negocio empresarial necesidades fundamentales de toda la población. Las y los trabajadores públicos son necesarios y los Servicios Públicos tienen que recuperarse y fortalecerse, no solamente consolidando y asegurando la fijeza a las empleadas temporales sino aumentando urgentemente las plantillas que han mermado drásticamente en toda la Administración Pública de Canarias.
En Canarias a 4 de Febrero del 2021
Comentarios
Publicar un comentario