LOS SERVICIOS SOCIALES EN CANARIAS EN TIEMPO DE CORONAVIRUS: UN SISTEMA PÚBLICO ESENCIAL Y SIN EMBARGO INVISIBLE Y DESMANTELADO.
En la situación de emergencia sanitaria tan especial que estamos viviendo, REDESSCAN y muchos de las y los profesionales de los Servicios Sociales, asistimos con estupor a la aplicación de diferentes medidas que pretenden paliar el enorme impacto que produce en la población el confinamiento, el paro laboral, social, económico, y en general, el parón en el conjunto de los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
Asistimos a declaraciones, ruedas de prensa y publicaciones de las y los responsables públicos sobre los recursos que se ponen en marcha para cubrir las necesidades más apremiantes que garanticen la subsistencia de las familias, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y en definitiva que intentan resolver en un tiempo récord una avalancha de situaciones de emergencia que afectan y comprometen la vida de miles de personas en los distintos pueblos, barrios y ciudades de Canarias.
Muchas de esas medidas son competencia del Sistema Público de Servicios Sociales y no podemos dejar de preguntarnos si se tiene conciencia real en esos estamentos de la situación de los Servicios Sociales en Canarias y del desmantelamiento de sus estructuras especialmente en los últimos 10 años.
El Sistema Público de Servicios Sociales es un pilar fundamental de la garantía de Derechos Sociales y por ende del Estado de Bienestar como lo son también la Sanidad, la Educación y la Garantía de Rentas. Las funciones y competencias que le corresponden acompañan y ofrecen sus prestaciones a las personas en toda su trayectoria vital (como la Sanidad, la Educación y la Garantía de Rentas) y tiene que estar dotado, por tanto, de estructuras y servicios estables y suficientes para dar la respuesta que necesitan los distintos sectores de la población y los diferentes ámbitos territoriales (locales, autonómicos y estatales).
Las diferentes leyes de Servicios Sociales (en Canarias tenemos una recién aprobada que aún no se ha desarrollado en la práctica), recogen en sus preámbulos y en su articulado la estructura, los principios, objetivos, organización, etc., del Sistema Público de Servicios Sociales, además de un catálogo de Servicios y Prestaciones, que implican la existencia de equipamientos, programas, servicios, unidades administrativas y equipos multiprofesionales,entre otros, para garantizar una atención integral, de carácter individual, familiar, grupal o comunitaria, a las personas que accedan a los Servicios Sociales, que dé cobertura a sus necesidades sociales.
Pero ¿qué sucede en la realidad?, que desde 2009, la financiación de este Sistema Público, tan esencial para que las personas tengan una vida digna de ser vivida, se ha visto mermada hasta límites insostenibles, desenfocando su función al mero asistencialismo y a la concepción de que los Servicios Sociales son para las situaciones de extrema necesidad y fundamentalmente para gestionar ayudas. Se ha revertido la responsabilidad reduciendo la intervención pública al mínimo y delegando en Entidades del Tercer Sector, a través de externalizaciones y/o privatizaciones a Empresas, servicios esenciales como son la autonomía personal y prevención de la dependencia o la atención a la infancia y la familia, a modo de ejemplo.
En Canarias, una parte muy importante de la población ya estaba en situación de emergencia desde antes del COVID 19. Si recordamos las cifras del Informe sobreEL ESTADO DE LA POBREZA:SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA publicado en 2019 por EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), Canarias se sitúa en la última década siempre en puestos de cola en relación con la media del Estado, a modo de ejemplo, solo tres datos: algo más de 770.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social (36,4% de la población). 195,000 personas en situación de pobreza severa. La PCI (Prestación Canaria de Inserción) sólo llega al 3´4% de la población que la necesita.
Detrás de estas cifras hay rostros que reflejan no sólo necesidades económicas, son muchos otros servicios y prestaciones a los que tienen derecho y, mientras tanto, los Servicios Sociales colapsados tramitando ayudas como tarea fundamental en el día a día. La prevención, la promoción de la autonomía, los programas de acompañamiento, la gestión de los cuidados, la investigación, la innovación y la digitalización del Sistema para evitar burocracia y duplicidad de trámites, los programas de formación grupal y comunitaria, la formación en valores, la unificación de criterios herramientas y protocolos, etc. etc., se ha quedado en la letra de las normativas sin que se hayan desarrollado como un derecho fundamental y universal de toda la ciudadanía.
Esta nueva emergencia sanitaria viene por tanto a redoblar necesidades y a buscar respuesta profesional en un Sistema Público doblegado y obligado a ser subsidiario, en manos de la improvisación, la descoordinación, el echar mano del voluntariado, las donaciones y como no de “garantizar financiación a las entidades del Tercer Sector que atienden a los más vulnerables” según manifestación de la propia Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. ¿Dónde queda ante todo esto las cientos de propuestas y alternativas que las profesionales de los Servicios Sociales y otras agentes socio-educativos han hecho llegar al Gobierno de Canarias en todos estos años en la línea de caminar hacia un verdadero Sistema Público de Servicios Sociales?
Ante todo ello nos preguntamos ¿Para cuándo garantizamos la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales? ¿Cuándo le vamos a considerar de verdad un Servicio Público esencial? Ya hemos visto como esta crisis sanitaria ha puesto al descubierto en España el deterioro al que ha estado
sometida la Sanidad Pública en la última década, y lo que ha significado para la vida de las personas cuando se nos viene encima una emergencia de esta envergadura (el nº de personas susceptibles de ser atendidas por un/a Trabajadora Social se sitúa alrededor de las 16 mil por profesional. Prácticamente se multiplica por seis la tasa recomendada por profesional que son 3.000 personas). En Gran Canaria esta cifra aumenta a los 25.000.
Desde REDESSCAN seguimos denunciando la precariedad del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, las condiciones de vida de personas y hogares que producen vulneración de derechos y la necesidad de Inversión Social en equipamientos, programas y equipos profesionales públicos que puedan llevar cabo la labor social que la Realidad Canaria de antes y la de ahora con esta nueva emergencia sanitaria nos exige y decidirnos claramente por un Sistema Público de Servicios Sociales con todas las consecuencias.
REDESSCAN. En Canarias a 29 de Abril del 2020
Asistimos a declaraciones, ruedas de prensa y publicaciones de las y los responsables públicos sobre los recursos que se ponen en marcha para cubrir las necesidades más apremiantes que garanticen la subsistencia de las familias, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y en definitiva que intentan resolver en un tiempo récord una avalancha de situaciones de emergencia que afectan y comprometen la vida de miles de personas en los distintos pueblos, barrios y ciudades de Canarias.
Muchas de esas medidas son competencia del Sistema Público de Servicios Sociales y no podemos dejar de preguntarnos si se tiene conciencia real en esos estamentos de la situación de los Servicios Sociales en Canarias y del desmantelamiento de sus estructuras especialmente en los últimos 10 años.
El Sistema Público de Servicios Sociales es un pilar fundamental de la garantía de Derechos Sociales y por ende del Estado de Bienestar como lo son también la Sanidad, la Educación y la Garantía de Rentas. Las funciones y competencias que le corresponden acompañan y ofrecen sus prestaciones a las personas en toda su trayectoria vital (como la Sanidad, la Educación y la Garantía de Rentas) y tiene que estar dotado, por tanto, de estructuras y servicios estables y suficientes para dar la respuesta que necesitan los distintos sectores de la población y los diferentes ámbitos territoriales (locales, autonómicos y estatales).
Las diferentes leyes de Servicios Sociales (en Canarias tenemos una recién aprobada que aún no se ha desarrollado en la práctica), recogen en sus preámbulos y en su articulado la estructura, los principios, objetivos, organización, etc., del Sistema Público de Servicios Sociales, además de un catálogo de Servicios y Prestaciones, que implican la existencia de equipamientos, programas, servicios, unidades administrativas y equipos multiprofesionales,entre otros, para garantizar una atención integral, de carácter individual, familiar, grupal o comunitaria, a las personas que accedan a los Servicios Sociales, que dé cobertura a sus necesidades sociales.
Pero ¿qué sucede en la realidad?, que desde 2009, la financiación de este Sistema Público, tan esencial para que las personas tengan una vida digna de ser vivida, se ha visto mermada hasta límites insostenibles, desenfocando su función al mero asistencialismo y a la concepción de que los Servicios Sociales son para las situaciones de extrema necesidad y fundamentalmente para gestionar ayudas. Se ha revertido la responsabilidad reduciendo la intervención pública al mínimo y delegando en Entidades del Tercer Sector, a través de externalizaciones y/o privatizaciones a Empresas, servicios esenciales como son la autonomía personal y prevención de la dependencia o la atención a la infancia y la familia, a modo de ejemplo.
En Canarias, una parte muy importante de la población ya estaba en situación de emergencia desde antes del COVID 19. Si recordamos las cifras del Informe sobreEL ESTADO DE LA POBREZA:SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA publicado en 2019 por EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), Canarias se sitúa en la última década siempre en puestos de cola en relación con la media del Estado, a modo de ejemplo, solo tres datos: algo más de 770.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social (36,4% de la población). 195,000 personas en situación de pobreza severa. La PCI (Prestación Canaria de Inserción) sólo llega al 3´4% de la población que la necesita.
Detrás de estas cifras hay rostros que reflejan no sólo necesidades económicas, son muchos otros servicios y prestaciones a los que tienen derecho y, mientras tanto, los Servicios Sociales colapsados tramitando ayudas como tarea fundamental en el día a día. La prevención, la promoción de la autonomía, los programas de acompañamiento, la gestión de los cuidados, la investigación, la innovación y la digitalización del Sistema para evitar burocracia y duplicidad de trámites, los programas de formación grupal y comunitaria, la formación en valores, la unificación de criterios herramientas y protocolos, etc. etc., se ha quedado en la letra de las normativas sin que se hayan desarrollado como un derecho fundamental y universal de toda la ciudadanía.
Esta nueva emergencia sanitaria viene por tanto a redoblar necesidades y a buscar respuesta profesional en un Sistema Público doblegado y obligado a ser subsidiario, en manos de la improvisación, la descoordinación, el echar mano del voluntariado, las donaciones y como no de “garantizar financiación a las entidades del Tercer Sector que atienden a los más vulnerables” según manifestación de la propia Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. ¿Dónde queda ante todo esto las cientos de propuestas y alternativas que las profesionales de los Servicios Sociales y otras agentes socio-educativos han hecho llegar al Gobierno de Canarias en todos estos años en la línea de caminar hacia un verdadero Sistema Público de Servicios Sociales?
Ante todo ello nos preguntamos ¿Para cuándo garantizamos la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales? ¿Cuándo le vamos a considerar de verdad un Servicio Público esencial? Ya hemos visto como esta crisis sanitaria ha puesto al descubierto en España el deterioro al que ha estado
sometida la Sanidad Pública en la última década, y lo que ha significado para la vida de las personas cuando se nos viene encima una emergencia de esta envergadura (el nº de personas susceptibles de ser atendidas por un/a Trabajadora Social se sitúa alrededor de las 16 mil por profesional. Prácticamente se multiplica por seis la tasa recomendada por profesional que son 3.000 personas). En Gran Canaria esta cifra aumenta a los 25.000.
Desde REDESSCAN seguimos denunciando la precariedad del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, las condiciones de vida de personas y hogares que producen vulneración de derechos y la necesidad de Inversión Social en equipamientos, programas y equipos profesionales públicos que puedan llevar cabo la labor social que la Realidad Canaria de antes y la de ahora con esta nueva emergencia sanitaria nos exige y decidirnos claramente por un Sistema Público de Servicios Sociales con todas las consecuencias.
REDESSCAN. En Canarias a 29 de Abril del 2020
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