Comunicado sobre agotamiento presupuesto de la PCI

Los trabajadores sociales exigen un presupuesto realista para la Prestación Canaria de Inserción

Denuncian la nula previsión del Gobierno de Canarias y recuerdan que ya advirtieron desde 2014 que la dotación para 2015 era insuficiente

Los Colegios de de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas exigen al Gobierno de Canarias que destine  un presupuesto realista a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Tras conocer que, tal y como habían advertido desde noviembre de 2014, la cuantía asignada en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 apenas ha sido suficiente para abonar la PCI hasta el mes de marzo, recuerdan que cientos de familias canarias están dejando de percibir unos ingresos mínimos a los que tienen derecho por Ley y cuya finalidad es subsanar un problema grave de exclusión social, que se ha visto agravado por la crisis económica.

Los dos Colegios profesionales consideran incomprensible que, pese a que año tras año el Ejecutivo canario ha constatado que la escasa asignación presupuestaria impide que la PCI llegue a las personas que han acreditado su derecho a percibirla, continúe presupuestándola sin atenerse a la realidad y haciendo oídos sordos a la Ley.

En este sentido, explican que el presupuesto de 2014, 23 millones de euros, se agotó en abril, y entonces se inyectaron 3 millones que se agotaron en un solo mes. La situación se vuelve a repetir en 2015, tal y como advertimos. El presupuesto previsto, 28 millones, se acabó en marzo, porque se tuvieron que destinar 17 millones al pago de las prestaciones atrasadas correspondientes a 2014. Luego el problema es la falta de previsión del Gobierno autónomo, que parece desconocer una realidad social que los trabajadores sociales constatamos y denunciamos a diario.

Según los profesionales del Trabajo Social, la ampliación de crédito de 4 millones que tiene prevista el Ejecutivo no supone una solución eficaz, pues apenas servirá, un año más, para atender a las PCI hasta mayo.

 El propio Gobierno canario se había anunciado que 7.000 personas accederían a este año a ingresos de entre 473 euros y 658 a los que da derecho la PCI. Es evidente, que, de no incrementarse de manera significativa el presupuesto no cumplirá sus propósitos. 

 Los dos Colegios hacen hincapié en que, además, las familias no solo soportan un retraso inexplicable a la hora de que los ingresos, una vez reconocido su derechos, se hagan efectivos  realmente, sino que, pese a que con la última modificación de la Ley establece periodo máximo de 4 meses para la tramitación de la PCI, en la práctica ésta este se prolongue hasta un año.  En definitiva, los dos colegios profesionales piden al Gobierno de Canarias, cuya consejera de Políticas Sociales admitió en unas declaraciones a los medios que 45.000 familias canarias tenían derecho a percibir la PCI, que explique cómo va a evitar que sean los ciudadanos de estas islas en exclusión social o en riesgo de padecerla los que sufran las consecuencias de unas restricciones presupuestarias inexplicables.

Para los trabajadores sociales canarios la dejación del ejecutivo está produciendo un retroceso en los procesos de inclusión social, que tiran al traste toda la intervención profesional y agrava las situaciones de exclusión.