Desde que en julio de 2013 el Parlamento de Canarias aprobara la Estrategia Canaria
frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humana que incluía el
compromiso de corregir los problemas detectados en la PCI con un nuevo redactado de
la Ley, han tenido que pasar 18 meses para que se apruebe esta nueva 'estafa social' que
sigue sin dar respuesta a los problemas de desigualdad social y pobreza en Canarias,
quedando demostrada, una vez más, la incapacidad del gobierno autonómico.
Según el informe de la Fundación FOESSA, Canarias tenía en 2013, 603.000 personas
en riesgo de exclusión social, de las cuales 230.000 estaban en exclusión severa (unos
80.000 hogares). Por otro lado, según la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el mismo
periodo, se concedieron 4.706 solicitudes de PCI, destinando a ese fin 20 millones de
euros, lo que implica que esta ayuda llegó únicamente a 1 de cada 17 hogares que lo
necesitan de forma urgente y sólo llegó 1 de cada 45 hogares si contamos los que están
en riesgo de exclusión.
El problema radica que en 2015 el Gobierno de Canarias ha presupuestado solamente
31 millones de euros para la PCI, de los que 17 están comprometidos con las
prestaciones pendientes del 2014 que se lleva sin cobrar desde Abril, aunque ya se han
empezado a pagar. Por otro lado, 62 millones de euros (el doble) se destinarán a apoyar
al empresariado del turismo, un negocio boyante que sigue obteniendo unos enormes
beneficios a costa de un régimen fiscal pensado para el bienestar de las grandes
empresas y de un apoyo institucional que, según la memoria de Impactur 2013, alcanzó
los 351 millones de euros destinados a gestión turística, la misma cantidad que se
hubiera necesitado para extender la PCI a los 80.000 hogares en exclusión severa que
hay en las islas.
Y mientras todo esto ocurre, el 0,2% de la población (4.000 personas) sigue teniendo
el 80% de la riqueza en las islas, el beneficio de las empresas creció un 73%, el dinero
acumulado en la RIC ya supone varios veces el presupuesto del gobierno de Canarias y
las 5 personas más ricas del archipiélago podrían gastarse un millón de euros diarios
frente a las 142.000 personas que no reciben ingreso alguno.
La nueva Ley en lo sustancial no cambia nada respecto la PCI y únicamente ha servido
para que Doña Inés Rojas haya salido a explicar en numerosas ocasiones que ahora se
cubrirá, no sólo a las familias excluidas, sino a las que están en riesgo de exclusión, la
tramitación será más rápida y otras sandeces por el estilo, 18 meses hablando de las
maravillas de una ley que todavía deberá esperar un mínimo de tres meses (compromiso del Gobierno de CC) hasta aprobar el Reglamento que hará posible la aplicación de la
misma.
Canarias es el paraíso de la desigualdad y por ello desde los colectivos firmantes,
denunciamos que no existe voluntad política para terminar con la pobreza. La señora
Consejera Inés Rojas en sus declaraciones habla de la necesidad de una renta mínima
estatal, una vez más responsabiliza al gobierno del Estado Español de la falta de
cobertura de las personas empobrecidas, pero su partido político, y el Gobierno de
Canarias sigue gobernando para las personas ricas. En la parcheada ley nada se dice de
dónde sacarán el dinero para pagar la PCI a quienes cumplen los requisitos, ninguna
mención a la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para que esta
ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan, tampoco se explica cómo se
pretende dar cobertura a las personas en riesgo de exclusión sin haber cambiado los
restrictivos requisitos para tener derecho a la ayuda.
Apostamos por un nuevo modelo económico justo y equitativo que asegure la
calidad de vida de todas las personas que trabajamos, vivimos y luchamos en nuestra
tierra, por ello llevamos años reivindicando una Renta Básica de las Iguales y que esta tendrá
que ser universal, individual, incondicional y suficiente si pretendemos terminar con el estigma
de la pobreza y recuperar la dignidad. Somos conscientes que se necesita un cambio profundo
de la sociedad para que nuestra propuesta sea una realidad, pero de forma inmediata se tiene
que dar solución a la exclusión social que alcanza ya a una de cada tres personas que vivimos en
Canarias. Hay dinero suficiente para afrontar la primera fase y eliminar la pobreza severa, sólo
bastaría que las grandes empresas y fortunas que se enriquecen en el archipiélago tuvieran
menos beneficios fiscales, la redistribución del gasto público, la persecución del fraude fiscal....
pues eso, voluntad política frente a este drama social.
No pedimos ayudas, exigimos derechos.
Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza
Confederación General del Trabajo (CGT)
Puntos de Información de Derechos Sociales del CSO Taucho y La Casa RedESSCAN
Confederación General del Trabajo (CGT)
Puntos de Información de Derechos Sociales del CSO Taucho y La Casa RedESSCAN
Santa Cruz de Tenerife 05 de Febrero de 2015
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