Los trabajadores sociales piden al presidente Paulino Rivero que no criminalice a las víctimas de sus políticas
Los colegios profesionales dicen que la sociedad canaria es más
solidaria que nuestro gobierno
Los colegios de Trabajadores Sociales de Las
Palmas y de Santa Cruz de Tenerife queremos mostrar nuestro rechazo a las declaraciones del presidente del
gobierno canario en las que señalaba que hay 400 pacientes en hospitales
públicos que tienen el alta y no son recogidos por sus familiares. Lo primero
que nos llama la atención es que no han pasado ni 24 horas y hasta la directora
del Servicio Canario de Salud ha desmentido a Paulino Rivero porque ha
declarado que tienen contabilizados en esa situación a “95 pacientes en
hospitales públicos” y el resto de los casos se da en centros sanitarios
privados que tienen conciertos con la consejería de Sanidad.
En las mismas declaraciones que ha hecho hoy
la directora del Servicios Canario de Salud Juana María Reyes reconoce que los
recortes en la financiación de la Ley de Autonomía Personal (conocida como Ley
de Dependencia) han paralizado la creación de nuevas camas sociosanitarias y
esto provoca que haya personas
mayores que necesitan ese servicio público y no lo tienen, y por eso al
final se quedan en camas de centros hospitalarios concertados.”. Por tanto no
se trata de un problema de “camas bloqueadas por pacientes” abandonados por sus
familiares, como manifestó el presidente canario. Se trata de una falta de
camas, se trata de falta de recursos públicos como consecuencia de los recortes
que el propio gobierno de Paulino Rivero y el ejecutivo del Estado llevan realizando
hace más de 4 años.
Resulta llamativo que en la misma entrevista radiofónica
el presidente canario presumía de ser la comunidad que más ha cumplido los
objetivos del déficit. No le vamos a cuestionar ese dato a Paulino Rivero porque
es real. Pero precisamente eso significa que somos la comunidad que antes ha
realizado los recortes de los presupuestos y la mayor parte del dinero que se ha recortado ha sido
precisamente en Sanidad y en Servicios Sociales. Desde hace cuatro años los
informes realizados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales recogen que Canarias ha sido una de las comunidades que menos
presupuesto ha aportado para cumplir la llamada Ley de Dependencia, y uno de
los últimos informes decía que Canarias era una de las comunidades que más ha recortado en
Servicios Sociales en los últimos años. Todos esos informes se hacen en base a
los datos oficiales suministrados por los gobiernos autonómicos.
El presidente del gobierno canario sabe que
estos recortes lo están pagando
los ciudadanos de las islas que menos recursos tienen, que en muchos casos
carecen de ingresos y tardan más de un año en acceder a la Prestación Canaria
de Inserción. Por eso las declaraciones de Paulino Rivero criminalizan a los que menos tienen, a
los que más sufren sus políticas de recortes en Servicios Sociales, en Sanidad y en Educación.
Desde que comenzaron a aplicar los recortes
los colegios profesionales de trabajadores sociales denunciamos que las
consecuencias sociales iban a
agravar más la crisis. Los hechos nos han dado la razón. Ha aumentado la
pobreza, la desigualdad, las listas de espera en sanidad, en los servicios
sociosanitarios. A este incremento
de la demanda de servicios sociales el gobierno canario y el del Estado
han respondido recortando la financiación de esos servicios. La responsabilidad
de esta situación está en los políticos que aplican estos recortes y no en los
ciudadanos que los sufren. Porque el presidente Paulino Rivero debería tener
claro que si no se ha producido un estallido social es precisamente porque la
sociedad canaria es más solidaria que su gobierno.
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