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Los trabajadores sociales piden al presidente Paulino Rivero que no criminalice a las víctimas de sus políticas

Los colegios profesionales  dicen que la sociedad canaria es más solidaria que nuestro gobierno

Los colegios de Trabajadores Sociales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife queremos mostrar nuestro rechazo  a las declaraciones del presidente del gobierno canario en las que señalaba que hay 400 pacientes en hospitales públicos que tienen el alta y no son recogidos por sus familiares. Lo primero que nos llama la atención es que no han pasado ni 24 horas y hasta la directora del Servicio Canario de Salud ha desmentido a Paulino Rivero porque ha declarado que tienen contabilizados en esa situación a “95 pacientes en hospitales públicos” y el resto de los casos se da en centros sanitarios privados que tienen conciertos con la consejería de Sanidad.
En las mismas declaraciones que ha hecho hoy la directora del Servicios Canario de Salud Juana María Reyes reconoce que los recortes en la financiación de la Ley de Autonomía Personal (conocida como Ley de Dependencia) han paralizado la creación de nuevas camas sociosanitarias y esto provoca que haya personas  mayores que necesitan ese servicio público y no lo tienen, y por eso al final se quedan en camas de centros hospitalarios concertados.”. Por tanto no se trata de un problema de “camas bloqueadas por pacientes” abandonados por sus familiares, como manifestó el presidente canario. Se trata de una falta de camas, se trata de falta de recursos públicos como consecuencia de los recortes que el propio gobierno de Paulino Rivero y el ejecutivo del Estado llevan realizando hace más de 4 años.

Resulta llamativo que en la misma entrevista radiofónica el presidente canario presumía de ser la comunidad que más ha cumplido los objetivos del déficit. No le vamos a cuestionar ese dato a Paulino Rivero porque es real. Pero precisamente eso significa que somos la comunidad que antes ha realizado los recortes de los presupuestos  y la mayor parte del dinero que se ha recortado ha sido precisamente en Sanidad y en Servicios Sociales. Desde hace cuatro años los informes realizados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recogen que Canarias ha sido una de las comunidades que menos presupuesto ha aportado para cumplir la llamada Ley de Dependencia, y uno de los últimos informes decía que Canarias era una de las comunidades que más ha recortado en Servicios Sociales en los últimos años. Todos esos informes se hacen en base a los datos oficiales suministrados por los gobiernos autonómicos.
El presidente del gobierno canario sabe que estos recortes  lo están pagando los ciudadanos de las islas que menos recursos tienen, que en muchos casos carecen de ingresos y tardan más de un año en acceder a la Prestación Canaria de Inserción. Por eso las declaraciones de Paulino Rivero  criminalizan a los que menos tienen, a los que más sufren sus políticas de recortes  en Servicios Sociales, en Sanidad y en Educación.
Desde que comenzaron a aplicar los recortes los colegios profesionales de trabajadores sociales denunciamos que las consecuencias sociales  iban a agravar más la crisis. Los hechos nos han dado la razón. Ha aumentado la pobreza, la desigualdad, las listas de espera en sanidad, en los servicios sociosanitarios. A este incremento  de la demanda de servicios sociales el gobierno canario y el del Estado han respondido recortando la financiación de esos servicios. La responsabilidad de esta situación está en los políticos que aplican estos recortes y no en los ciudadanos que los sufren. Porque el presidente Paulino Rivero debería tener claro que si no se ha producido un estallido social es precisamente porque la sociedad canaria es más solidaria que su gobierno.










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