Tras el levantamiento parcial de la suspensión de la ley foral de Navarra que permitía la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes no regularizados, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional permite la atención sanitaria a los inmigrantes, la primera fue en el País Vasco y ejemplifica como el RDL 16/2012, de contrarreforma sanitaria del PP, ha supuesto una agresión intolerable al derecho a la salud de las personas. Entendemos que los argumentos del TC "El derecho a la salud y el derecho a la integridad física (...) no pueden verse desvirtuados por la mera consideración de un eventual ahorr o económico que no ha podido ser concretado" reafirman lo que se ya se había señalado desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que el RD Ley 16/2012 vulneraba los derechos humanos básicos de estas personas y que el efecto económico de la medida era irrelevante e incluso potencialmente negativo. ...
Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.