Cerca de 7.100 familias se benefician de sus ayudas alimentarias
Fuente: La Provincia
Los servicios sociales sufren un duro tijeretazo. La falta de ingresos y la explosión de demandantes desborda la capacidad para atender las prestaciones básicas en los municipios de Gran Canaria, llevándose consigo muchos contratos de sus trabajadores. Los alcaldes cortan de cuajo prestaciones ante la inseguridad de recibir las subvenciones, dejan en el aire servicios como las residencias de mayores por las elevadas deudas, y minimiza la capacidad de los centros de toxicomanías. Los ayuntamiento atienden a cerca de 7.100 familias en situación de extrema emergencia.
El Estado de bienestar tiene los días contados. Al menos en la amplitud conocida hasta ahora. A pesar de que las corporaciones expresan su deseo de garantizar la atención "a los más necesitados", la realidad social y económica les desborda. "Esta es una situación muy dura, en el que sólo te puedes plantear el día a día. Por eso hay que priorizar los casos de verdadera necesidad", según la concejala de Asuntos Sociales de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera.
Los recortes se multiplican. Ingenio se queda sin aula de estimulación precoz. Y las residencias de mayores de La Aldea, Gáldar y Moya pasan por serias dificultades para mantener las puertas abiertas. Moya reconoce que, tras recortar la jornada laboral de los trabajadores, estudia la fórmula para darle viabilidad al centro, que acoge a 16 residentes. Y la primera teniente alcalde de Gáldar, Encarnación Ruiz, apunta que el municipio recibe menos de una cuarta parte de lo que cuesta. De ahí que estén pendientes de una reunión con la consejera, Inés Rojas, antes de tomar decisiones. Ante este panorama "solo podemos controlar el gasto y no pisar recursos", añade.
La Aldea señala que muchos programas para menores, emigración, salud mental y discapacitados, están en el aire a la espera de la firma del convenio con el Gobierno, como también está el futuro de la residencia.
Gran parte de los municipios ha tenido que ajustar sus plantillas, y esperar a sellar convenios entre administraciones para incorporar más personal.
El centro para drogodependientes de Agüimes ha sufrido un recorte de la asignación del Ejecutivo, eliminándose una plaza sobre las cinco anteriores. Además, aunque "existe buena voluntad", según la concejala Rita Estévez, está pendiente de la aportación para las escuelas infantiles. Y Gáldar también estudia qué hacer con este servicio, que les supone una sangría económica.
San Mateo pretende gestionar directamente la residencia de día, que ahora está cedida a una empresa privada por el Cabildo, según el alcalde, Antonio Ortega, con lo que pretende evitar el coste de la intermediación, y emprender también un servicio de comida diaria a domicilio. "Entendemos que es la mejor ayuda para generar empleo", sostiene el presidente de la Corporación. A su vez, asumirá el 1 de febrero la escuela infantil, tras eliminar algunos empleos en menores y atención a mujeres.
Mientras, el Gobierno de Canarias acaba de anunciar que destinará 22,6 millones para financiar los servicios sociales básicos en Canarias, que permitirán mantener 2.000 empleos y atender a 300.000 personas en todas las Islas.
Los servicios sociales sufren un duro tijeretazo. La falta de ingresos y la explosión de demandantes desborda la capacidad para atender las prestaciones básicas en los municipios de Gran Canaria, llevándose consigo muchos contratos de sus trabajadores. Los alcaldes cortan de cuajo prestaciones ante la inseguridad de recibir las subvenciones, dejan en el aire servicios como las residencias de mayores por las elevadas deudas, y minimiza la capacidad de los centros de toxicomanías. Los ayuntamiento atienden a cerca de 7.100 familias en situación de extrema emergencia.
El Estado de bienestar tiene los días contados. Al menos en la amplitud conocida hasta ahora. A pesar de que las corporaciones expresan su deseo de garantizar la atención "a los más necesitados", la realidad social y económica les desborda. "Esta es una situación muy dura, en el que sólo te puedes plantear el día a día. Por eso hay que priorizar los casos de verdadera necesidad", según la concejala de Asuntos Sociales de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera.
Los recortes se multiplican. Ingenio se queda sin aula de estimulación precoz. Y las residencias de mayores de La Aldea, Gáldar y Moya pasan por serias dificultades para mantener las puertas abiertas. Moya reconoce que, tras recortar la jornada laboral de los trabajadores, estudia la fórmula para darle viabilidad al centro, que acoge a 16 residentes. Y la primera teniente alcalde de Gáldar, Encarnación Ruiz, apunta que el municipio recibe menos de una cuarta parte de lo que cuesta. De ahí que estén pendientes de una reunión con la consejera, Inés Rojas, antes de tomar decisiones. Ante este panorama "solo podemos controlar el gasto y no pisar recursos", añade.
La Aldea señala que muchos programas para menores, emigración, salud mental y discapacitados, están en el aire a la espera de la firma del convenio con el Gobierno, como también está el futuro de la residencia.
Gran parte de los municipios ha tenido que ajustar sus plantillas, y esperar a sellar convenios entre administraciones para incorporar más personal.
El centro para drogodependientes de Agüimes ha sufrido un recorte de la asignación del Ejecutivo, eliminándose una plaza sobre las cinco anteriores. Además, aunque "existe buena voluntad", según la concejala Rita Estévez, está pendiente de la aportación para las escuelas infantiles. Y Gáldar también estudia qué hacer con este servicio, que les supone una sangría económica.
San Mateo pretende gestionar directamente la residencia de día, que ahora está cedida a una empresa privada por el Cabildo, según el alcalde, Antonio Ortega, con lo que pretende evitar el coste de la intermediación, y emprender también un servicio de comida diaria a domicilio. "Entendemos que es la mejor ayuda para generar empleo", sostiene el presidente de la Corporación. A su vez, asumirá el 1 de febrero la escuela infantil, tras eliminar algunos empleos en menores y atención a mujeres.
Mientras, el Gobierno de Canarias acaba de anunciar que destinará 22,6 millones para financiar los servicios sociales básicos en Canarias, que permitirán mantener 2.000 empleos y atender a 300.000 personas en todas las Islas.
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