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¿Qué pasaría si desaparecieran la Sanidad Pública, la Educación Pública, las Rentas Públicas (Pensiones), los Servicios Sociales Públicos, como ya ocurre con el derecho a una Vivienda digna, o con una Banca Pública que garantice la igualdad en el acceso y la justicia social para que todas las personas podamos tener una vida digna? ¿Cuáles son las principales consecuencias que tiene para nuestra vida cotidiana los procesos de externalización y privatización de los Servicios Públicos, que tanto ha costado establecer en España y en Canarias desde el final de la dictadura franquista? ¿Cómo se han ido colando en nuestro imaginario la idea de los “seguros privados” la Sanidad Privada, la Educación Privada, los Servicios Sociales dependientes de empresas y/o de Entidades de la Iniciativa Social, como los de Atención a la Infancia y la Familia, Atención a las situaciones de Dependencia, Ayudas de Emergencia, Servicios de Proximidad (Centros y Servicios de día, de noche, residencias), Centros d...

  La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, se une a las reivindicaciones de la Plataforma de Empleadas Públicas en Fraude de Ley de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y denuncia a los sucesivos responsables del Gobierno de Canarias por el abuso cometido desde hace décadas   con miles de trabajadores y trabajadoras que se han visto sometidas a encadenar contratos temporales en plazas que tendrían que haber sido estructurales (imprescindibles para la prestación de un servicio público de carácter permanente ). El funcionamiento de la Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda, Servicio Canario de Empleo, Agricultura, Justicia, Cultura, Deportes, y un largo etcétera de departamentos que se ocupan de la atención pública de los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana han estado sometidos, no solamente a los sucesivos recortes presupuestarios en la dotación de medios materiales, sino en la supresión de plazas pública...