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LA REFORMA DE LA PCI. MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES.


Desde que en julio de 2013 el Parlamento de Canarias aprobara la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humana que incluía el compromiso de corregir los problemas detectados en la PCI con un nuevo redactado de la Ley, han tenido que pasar 18 meses para que se apruebe esta nueva 'estafa social' que sigue sin dar respuesta a los problemas de desigualdad social y pobreza en Canarias, quedando demostrada, una vez más, la incapacidad del gobierno autonómico. 

Según el informe de la Fundación FOESSA, Canarias tenía en 2013, 603.000 personas en riesgo de exclusión social, de las cuales 230.000 estaban en exclusión severa (unos 80.000 hogares). Por otro lado, según la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el mismo periodo, se concedieron 4.706 solicitudes de PCI, destinando a ese fin 20 millones de euros, lo que implica que esta ayuda llegó únicamente a 1 de cada 17 hogares que lo necesitan de forma urgente y sólo llegó 1 de cada 45 hogares si contamos los que están en riesgo de exclusión. 

El problema radica que en 2015 el Gobierno de Canarias ha presupuestado solamente 31 millones de euros para la PCI, de los que 17 están comprometidos con las prestaciones pendientes del 2014 que se lleva sin cobrar desde Abril, aunque ya se han empezado a pagar. Por otro lado, 62 millones de euros (el doble) se destinarán a apoyar al empresariado del turismo, un negocio boyante que sigue obteniendo unos enormes beneficios a costa de un régimen fiscal pensado para el bienestar de las grandes empresas y de un apoyo institucional que, según la memoria de Impactur 2013, alcanzó los 351 millones de euros destinados a gestión turística, la misma cantidad que se hubiera necesitado para extender la PCI a los 80.000 hogares en exclusión severa que hay en las islas.
Y mientras todo esto ocurre, el 0,2% de la población (4.000 personas) sigue teniendo el 80% de la riqueza en las islas, el beneficio de las empresas creció un 73%, el dinero acumulado en la RIC ya supone varios veces el presupuesto del gobierno de Canarias y las 5 personas más ricas del archipiélago podrían gastarse un millón de euros diarios frente a las 142.000 personas que no reciben ingreso alguno. 

La nueva Ley en lo sustancial no cambia nada respecto la PCI y únicamente ha servido para que Doña Inés Rojas haya salido a explicar en numerosas ocasiones que ahora se cubrirá, no sólo a las familias excluidas, sino a las que están en riesgo de exclusión, la tramitación será más rápida y otras sandeces por el estilo, 18 meses hablando de las maravillas de una ley que todavía deberá esperar un mínimo de tres meses (compromiso del Gobierno de CC) hasta aprobar el Reglamento que hará posible la aplicación de la misma. 
 
Canarias es el paraíso de la desigualdad y por ello desde los colectivos firmantes, denunciamos que no existe voluntad política para terminar con la pobreza. La señora Consejera Inés Rojas en sus declaraciones habla de la necesidad de una renta mínima estatal, una vez más responsabiliza al gobierno del Estado Español de la falta de cobertura de las personas empobrecidas, pero su partido político, y el Gobierno de Canarias sigue gobernando para las personas ricas. En la parcheada ley nada se dice de dónde sacarán el dinero para pagar la PCI a quienes cumplen los requisitos, ninguna mención a la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para que esta ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan, tampoco se explica cómo se pretende dar cobertura a las personas en riesgo de exclusión sin haber cambiado los restrictivos requisitos para tener derecho a la ayuda. 

Apostamos por un nuevo modelo económico justo y equitativo que asegure la calidad de vida de todas las personas que trabajamos, vivimos y luchamos en nuestra tierra, por ello llevamos años reivindicando una Renta Básica de las Iguales y que esta tendrá que ser universal, individual, incondicional y suficiente si pretendemos terminar con el estigma de la pobreza y recuperar la dignidad. Somos conscientes que se necesita un cambio profundo de la sociedad para que nuestra propuesta sea una realidad, pero de forma inmediata se tiene que dar solución a la exclusión social que alcanza ya a una de cada tres personas que vivimos en Canarias. Hay dinero suficiente para afrontar la primera fase y eliminar la pobreza severa, sólo bastaría que las grandes empresas y fortunas que se enriquecen en el archipiélago tuvieran menos beneficios fiscales, la redistribución del gasto público, la persecución del fraude fiscal.... pues eso, voluntad política frente a este drama social. 

No pedimos ayudas, exigimos derechos.



Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza
Confederación General del Trabajo (CGT)
Puntos de Información de Derechos Sociales del CSO Taucho y La Casa RedESSCAN

Santa Cruz de Tenerife 05 de Febrero de 2015









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