EN DEFENSA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR
Tras más de un
lustro, la profunda crisis económica, la pobreza y la exclusión se agudizan en
la sociedad española. Que el estado social está más deteriorado que hace un año, es algo intuitivo, que
todos los indicadores confirman. Y frente a esta situación, las políticas
sociales, más necesarias que nunca, están en un retroceso generalizado, cuando
no, en proceso de demolición.
La primera referencia política para
entender la actual situación es de carácter puramente conceptual e ideológico, quizá una causa primera, estamos hablando
de la filosofía ultraliberal imperante que establece que no hay alternativa. De
esta derivan otras tres causas políticas más concretas que surgen,
fundamentalmente como consecuencia de la primera; políticas que usan al Estado
como interviniente en las relaciones de poder social y económico, en tres
momentos temporales en relación con el hecho productivo de la riqueza: se trata
de la política laboral y el modelo de
crecimiento, que establece el campo en el que se desarrollan las relaciones
de poder empresariado-trabajadoras y que se produce antes de la propia
producción de la riqueza, la política
fiscal, que establece la intervención del Estado en el equilibrio de la
riqueza adquirida una vez producida en forma de apropiación del Estado de una
parte de los ingresos para su funcionamiento, y finalmente la política social a través de la que se
busca el reequilibrio de la situación social y económica a través del gasto
público
Los devastadores
efectos de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía y atención a
personas en situación de Dependencia
En relación con la Ley de Dependencia, las
eufemísticamente llamadas “reformas para la mejora del sistema” y muy
especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en
julio de año 2012, no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la
financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades
Autónomas. Los datos oficiales indican, sin lugar a dudas, que de la
paralización del sistema se está pasando a su involución.
Creemos que las deficiencias detectadas
deben servir como impulso para la mejora. Nos parece indignante que el propio
Ministerio sea el que desprestigia esta política social culpando a las CCAA e
incluso criminalizando a las personas en situación de dependencia y a sus
familias. Es perverso y cruel destrozar el Sistema para luego hacernos creer
que es “insostenible” y vender así unas reformas futuras “salvadoras”. Hay más de
un millón personas que dependen de apoyos para su vida y cuyos derechos se
conculcan día a día. Exigimos el cumplimiento de la Ley. Entendiendo la atención a las personas en situación de dependencia como una apuesta absolutamente
necesaria desde el punto de vista de los derechos sociales y del sostenimiento
del Estado del Bienestar.
El
profundo deterioro del Sistema de Servicios Sociales
La continua y acusada demolición de los
servicios sociales no es inocua, y tiene como consecuencia un incremento de las
situaciones de pobreza y exclusión social. Así se pone de manifiesto al
comparar los resultados del desarrollo del Sistema de Servicios Sociales con
los indicadores que usa Naciones Unidas para medir la pobreza en países
desarrollados.
El desmantelamiento del Sistema de
Servicios Sociales puede sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la
aplicación de la Reforma de Régimen Local, que reduce las competencias locales
a una mínima expresión
Pero
quizá lo más preocupante es la forma en que se están llevando a cabo estos
recortes y estas reformas, ya que se ha tratado de modificar las claves
conceptuales mismas del Estado Social.
La
desigualdad y la precariedad en las condiciones de vida actual, provocada porel
sistema financiero capitalista-neoliberal y la acumulación de la riqueza cada
vez en menos manos, nos está empobreciendo a todos y todas y está sirviendo
como excusa al Gobierno de España
para recortar la inversión social, echando por tierra las conquistas que
en materia de educación, sanidad,justicia, protección social y servicios
sociales hemos ido logrando.
El Estado
de Bienestar, en el estado español, se asienta sobre cuatro pilares
fundamentales: Sanidad, Educación, Pensiones y Sistema Público de Servicios
Sociales. Pilares que ven tambalearse sus cimientos a causa de la aprobación de
medidas que reducen el gasto social, que abogan por un modelo privatizador y
que son sometidos a continuos desmantelamientos. Esto da lugar a un
cambio en el modelo establecido en el que se disminuye tanto
la cantidad como la calidad de la atención social que recibe la
ciudadanía.
Los
treinta años de desarrollo de los Servicios Sociales enmarcados en la defensa de
los Derechos Sociales con criterios de universalidad, igualdad, redistribución
y proximidad, están sufriendo una larga trayectoria de desmantelamiento y
privatización en todas sus áreas. Por ello, es imprescindible un Sistema
Público de Servicios Sociales que garantice los principios de igualdad,
universalidad y responsabilidad pública que infunde el actual
modelo de Servicios Sociales, con garantía de derechos para todos y todas y que
se aleje de prácticas asistencialistas y graciables.
Ante
todo esto...
La marea naranja nos hemos constituido como un movimiento ciudadano dispuesto a responder a estas
políticas injustas y crueles, vinculándonos a una política de defensa de los
derechos humanos y la justicia social.
Nos comprometemos a luchar para conseguir estos objetivos:
· Visibilizar
la situación de vulneración de derechos
humanos y sociales en el
Estado Español, incidiendo en las políticas sociales públicas.
·
Denunciar el
desmantelamiento del sistema público de servicios sociales, que puede sufrir en
los próximos meses un golpe decisivo, con la aplicación de la Reforma de
Régimen Local, que reduce las competencias locales a una mínima expresión.
· Evidenciar
los devastadores efectos de la reforma de la Ley de promoción a la autonomía y
la atención a las personas en
situación de Dependencia, que tras las llamadas reformas para la mejora del
sistema no han hecho sino recortar derechos efectivos, reducir financiación y
criminalizar a las personas dependientes y familias.
· Concienciar
sobre la situación de desigualdad existente en la distribución y reparto de la
riqueza y la necesidad de lucha organizada.
·
Facilitar y contribuir a
la organización colectiva contra los recortes de derechos y libertades.
· Proponer
y construir alternativas justas, con expectativas de futuro.
·
Movilizarnos y
trabajar conjuntamente con otras
organizaciones de la sociedad política, siendo un medio de participación
ciudadana para construir democracia real.
En
definitiva nos comprometemos a luchar por la dignidad y los derechos de
todas las personas.
Queremos
·
Un sistema social, donde todas las personas puedan disponer de los medios
y recursos necesarios para vivir dignamente. Donde estén reconocidos los derechos sociales básicos como derechos
subjetivos universales, exigibles legalmente por los ciudadanos y según la
Declaración Universal de Derechos Humanos. En este nuevo modelo la riqueza del
país, sea cual fuere su titularidad, debe estar subordinada el interés general
(art.128 c.e.), al interés de la ciudadanía.
·
Un sistema donde la democracia
sea real y participativa, donde los gobiernos no estén al servicio de las
grandes corporaciones financieras, tal y como sucede actualmente.
·
Exigimos la modificación de la
Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la
cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de
Bienestar. Retirada e incumplimiento de la reforma del artículo 135 de la
Constitución Española, para fijar estrictas limitaciones al déficit y a la
deuda.
· Defender lo público, lo de
todos y todas.
Políticas sociales y económicas que favorezcan el desarrollo de todas las
personas, por el reparto de la riqueza y la garantía pública del cumplimiento
de los derechos.Defendemos la intervención
pública como garantía de derechos y de inversión social y económica para el
futuro de la ciudadanía. Por el contrario, el servicio privado busca un
beneficio económico, una rentabilidad en función de las leyes del mercado, y
como resultado se comercializa con las dificultades y necesidades humanas más básicas.
· Manifestar nuestro rechazo a
los recortes en las políticas
sociales de apoyo a las personas en situación de dependencia,a las personas
enfermas, a la infancia, adolescencia, a las familias...y a todas aquellas
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social; a los
recortes injustificables de presupuesto y de personal que se han llevado a cabo
y, están produciendo un detrimento en la convivencia ciudadana y en la cohesión
social, largas listas de espera, ayudas insuficientes para cubrir las
necesidades básicas de ciudadanos, sin expectativas de futuro y sin ilusión. Exigimos la no aplicación
de las contra reformas realizadas que ponen en extinción los servicios
sociales.
·
Una Renta Básica que
suponga el derecho a todas las personas
a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas y que
se constituya como un derecho individual, universal e incondicional, con una
cuantía suficiente. En una primera fase inmediata afectaría a todas aquellas
personas que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos.
·
Revisar la política de ingresos,eliminado los privilegios a
las grandes empresas , promoviendo una fiscalidad progresiva, donde paguen más
quienes más tengan, perseguir el fraude fiscal y no pagar la deuda pública. Exigir la inversión del gasto
militar en necesidades y derechos sociales.
·
Un sistema público de ss.ss. de
gestión pública y colectiva. Por la titularidad y gestión pública de los
recursos (aumento de plazas públicas en los centros), garantizando los recursos
humanos y materiales necesarios para una atención de calidad, a la que todos y
todas tenemos derecho.
·
Unos servicios sociales
universales, como derecho subjetivo y participativos. Donde se ponga al
centro a la persona para el desarrollo personal y colectivo y no a los
intereses del capital. Que se cumplan los objetivos de este sistema de
bienestar social: redistribución y satisfacción de las necesidades para todas.
Que garantice los derechos.
· Defender
la intervención social como una inversión social y económica, que
genera justicia social; así priorizar la inversión social, dedicando más para el
desarrollo y fortalecimiento de todos los servicios públicos.Implantar fórmulas
de financiación objetivas, estables, justas y todo garantizado por Ley.
·
Defendemos una intervención social con profesionales, empleado público, bien preparada/o, para que acompañe al ciudadano
en las diferentes etapas de su vida en las que pueda necesitar de un apoyo
social, garantizando una continuidad y que dicho apoyo se dé en las mismas
condiciones de igualdad para todos y todas.
·
Por un convenio colectivo unitario
que englobe a todo el sector de la intervención social.
Este manifiesto va dirigido a todos/as
aquellos/as que, como nosotros/as estén comprometidos en esta lucha de ideas y
palabras, a contra corriente, para recuperar una opinión pública mayoritaria a
favor de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad.Combatir
conceptos y valores en la sociedad es tarea de largo recorrido; lo sabemos. Y
tenemos enfrente toda la poderosa maquinaria mediática y de poder.Pero no hay
excusa para no estar y perseverar en ello.Somos, ni más ni menos, un eslabón
más en esta historia interminable en pos de una sociedad justa y solidaria, en
la que todos los seres humanos seamos libres para construir y disfrutar de
nuestros proyectos vitales.
Una sociedad en la que
tantos hombres y mujeres de todos los tiempos y en todos
los lugares, han soñado y por la que han luchado. Vale
la pena
¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PUBLICOS Y DE CALIDAD!
¡POR LOS DERECHOS HUMANOS y la JUSTICIA SOCIAL!
¡NO A LA BENEFICIENCIA, NO A LA CARIDAD!
¡SIN SERVICIOS SOCIALES NO HAY JUSTICIA
SOCIAL!
14 de Febrero de 2014
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