MANIFIESTO
Con la inminente aprobación de la
reforma de la Administración Local en
Consejo de Ministros, los y las
trabajadoras sociales decimos
“¡HASTA AQUÍ!”
Madrid, 19 de julio de 2013
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS)
insta al Gobierno a recapacitar y no aprobar, en el próximo Consejo de
Ministros, el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local que lleva meses
perfilando. Los y las trabajadoras sociales
consideramos que la oposición a la reforma de la Administración Local
planteada por el Ejecutivo es ya un clamor popular que debe hacerle
reflexionar. El propio Consejo de Estado ya ha advertido de que el anteproyecto
puede ser inconstitucional.
Desde el punto de vista de los servicios
sociales, la reforma contribuirá a su
desaparición, poniendo en grave peligro la
subsistencia de millones de familias, empujándolas a la exclusión y socavando
sus derechos fundamentales.
Por todo ello, hoy iniciamos la campaña “Hasta
Aquí”, en que simbólicamente marcamos las líneas naranjas que no podemos
permitir que traspasen los recortes y cambios legislativos. El retroceso
experimentado en los últimos meses ha sido ya significativo. Retroceder
más, nos llevará a un problema de vulneración de los derechos humanos.
Proximidad. El anteproyecto supone
una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban
en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico,
rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales
de proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit
por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias
de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen,
si no su desaparición.
No a la
Beneficencia. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto
ha costado construir durante los últimos 40 años. Renunciar a este modelo supone
renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad.
Asistencialismo. La concepción
economicista del anteproyecto aleja a los servicios sociales de las
concepciones garantistas del estado del bienestar que se habían conseguido
alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como
se refleja en la misma terminología utilizada: el primer borrador se refería
a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin
tener en cuenta la prevención o la promoción ni referirse en ningún
momento a los derechos de ciudadanía.
Derechos. Este anteproyecto puede
también entrar en contradicción con los
derechos subjetivos reconocidos en las leyes de
servicios sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos
en esta materia (p.e. protección integral, violencia de género,
responsabilidad penal de los menores, etc.), si los planes de reducción de
costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos siguientes para
garantizarlos.
Privatización. De la exposición de
motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando
señala de forma clara, como uno de los objetivos del anteproyecto,
“favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas
desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que “para
favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas
desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para
iniciar una actividad económica […].”Este modelo de servicios sociales
que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de
un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de
la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda adaptase a
los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que
deberían ser la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos
Humanos.
El CGTS remarca varias incongruencias en los
mensajes que da el Gobierno:
· Cuando utiliza las
intervenciones administrativas desproporcionadas como argumento para la
privatización de los servicios sociales, ¿acaso no es una forma de
intervencionismo brutal toda la reforma de la ley, que quiere obligar a
las autonomías y a los ayuntamientos a ejecutar esos cambios y a poner
unos costes a todo?
· Por otro lado, en un
marco de aumento del desempleo, en el que hay una preocupación importante
por incentivar el empleo, el Gobierno da un mal ejemplo explicando que va
a ahorrar desmontando servicios y despidiendo a trabajadores.
La campaña ¡Hasta Aquí! consiste en que cada
trabajador o trabajadora social
salga a las puertas de su centro de servicios
sociales (también ayuntamiento o lugar emblemático que consideren) con sus
compañeros y compañeras, con las personas usuarias y con vecinos y vecinas
y MARQUE una LÍNEA NARANJA EN EL SUELO. Se puede pintar, poner una tela
larga naranja que marque la línea, hacerla con papel naranja… Los
profesionales, las personas usuarias y cuantos más vecinos mejor, se posicionarán
frente a la línea naranja, defendiendo esos servicios sociales que no pueden
desaparecer.
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